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Los dos principales acusados por el doble crimen a balazos del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, ocurrido en mayo de 2019 en la plaza ubicada frente al Congreso de la Nación, fueron condenados ayer a 45 años de cárcel y prisión perpetua, respectivamente, por el delito de “homicidio agravado por alevosía reiterado en dos ocasiones”.
El Tribunal Oral en lo Criminal 9 de la Capital Federal le aplicó al confeso autor material de los disparos, Juan José Navarro Cádiz (27), la pena de 45 años de prisión como autor del hecho y la perpetua para su primo Juan Jesús Fernández (44), pero como partícipe necesario.
La diferencia en las penas radicó en que Navarro Cádiz fue detenido en Uruguay y para lograr que sea extraditado, en su momento se fijó como condición la imposibilidad de que sea condenado a perpetua, por lo que el fiscal de Ariel Yapur y ahora el tribunal, encontraron en el Código Penal del vecino país, la pena máxima de 45 años.
De los otros siete acusados –la mayoría familiares o allegados a los dos condenados que llegaron libres a juicio acusados de delitos menores como tenencia, portación o suministro de armas-, cinco fueron absueltos y solo dos recibieron condenas, pero en suspenso, y de hasta 2 años y 8 meses de prisión.
Al igual que había planteado en su alegato también el fiscal, los jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas le dieron la razón y no consideraron para este caso el agravante del “homicidio por placer” por el que también había llegado elevado a juicio la causa y solo consideraron el de la alevosía, es decir, el estado de indefensión que tuvieron las víctimas al ser atacadas a balazos.
Navarro Cádiz también fue condenado como autor de “portación de arma de guerra” y los jueces dispuso en otros de sus puntos “poner a disposición del fiscal los testimonios y las piezas procesales que considere necesarias para que formule las denuncias pertinentes” en relación a la posible abuso sexual de su esposa, Rocío Michel Montoya (22), una de las absueltas.
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Es que en su alegato, Yapur explicó que si no le fallaban las cuentas, la mujer “fue madre a las 12 ó 13 años”, y pidió que se lo investigue por presunto abuso al recordar que para la ley argentina cualquier relación sexual con un menor de 13 es delito.
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