La vuelta a la presencialidad plena en todas las escuelas de la Ciudad –después del largo período de la cuarentena dispuesto partir de marzo de 2020, con lapsos cortos de retorno de los alumnos a las aulas- reclama ahora del sector educativo respuestas rápidas y eficaces en lo que concierne a la suma de condiciones que deben exhibir las escuelas para garantizar la mejor de las prestaciones. De allí que deban preocupar algunas conclusiones del informe publicado ayer en este diario, revelador de que no existe para todas ellas un servicio de ambulancias capaz de atender con rapidez las emergencias médicas que puedan presentarse.

Se reseñó en ese trabajo que en la época de la prepandemia, distintas escuelas que cuentan con cooperadoras podían sostener el servicio de ambulancias de empresas privadas. Ahora, sin la posibilidad de recuperar en forma inmediata el nivel de recaudación y la apertura de los kioscos internos de los colegios, prácticamente todos los servicios educativos tienen que recurrir al 107 del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) o bien, directamente, llamar a los padres para que retiren a los alumnos que sufren algún accidente dentro del establecimiento educativo. Esto encendió luces de alerta en distintas comunidades educativas.

“Si le pasa algo a un nene en la escuela está a la buena de Dios... Las cooperadoras se quedaron sin ingresos porque tienen los kioscos cerrados y la recaudación entre los padres es pobrísima por la situación económica que se atraviesa en general”, remarcó un padre. Se consignó que la Primaria 8, de diagonal 74 y 57 vivió esta semana una situación que terminó en un urgente llamado a los padres de un alumno que sufrió una lesión. El 107 tenía mucha demora y se decidió llamar a la familia del alumno para resolver la situación.

Se informó que la Provincia paga un seguro escolar por accidente en las escuelas públicas, pero los servicios de emergencia los abonaban las cooperadoras hasta que llegó la pandemia y el panorama cambió abruptamente. Sobre el funcionamiento de los kioscos, una fuente oficial consultada por este diario indicó que en algunas escuelas pudieron reabrir, pero en otros casos se encuentran con contratos vencidos y el consejo escolar platense tiene que adecuarlos.

En el contexto que atraviesan en la actualidad las escuelas no se sabe a ciencia cierta cuándo tendrán la posibilidad de retomar el pago de los servicios de emergencias de empresas privadas. Las fuentes coincidieron en que en los casos de mediana y de mayor gravedad los servicios del SAME suelen dar respuestas prontas, pero que en la mayoría de los incidentes ese servicio presenta demoras, de modo que, como se dijo, o se llama a las familias o bien alguna autoridad o docente llevan el alumno hasta el hospital.

Sin dejar de valorar los aportes comunitarios siempre presentes a la hora de respaldar a las escuelas públicas, lo que está fuera de dudas es que la responsabilidad por el debido mantenimiento de todas las condiciones de habitabilidad de los estudiantes le corresponde al Estado. No se trata sólo de atender al mantenimiento de los edificios escolares, sino también de asegurar que los alumnos y, desde luego, los planteles docentes y de auxiliares, dispongan de las demás garantías que hacen a mejor su calidad de vida. Entre esas garantías se encuentra, casi en calidad de prioritaria, la de que cada escuela disponga de un eficiente servicio de ambulancias para atender las emergencias.