El “Gran Hermano” para frenar la inflación: empresas en la mira y congelamiento de precios

A través de la Secretaría de Comercio, el Gobierno instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a iniciar investigaciones por “presuntas prácticas anticompetitivas” de empresas de consumo masivo que elevaron precios de sus productos “por encima de la inflación general” y “abusaron así de su posición dominante” en el mercado, según se informó.

En la práctica, quiere ver los costos y los márgenes de ganancias de más de 15 empresas de consumo masivo para saber si en los últimos meses aumentaron sus productos más allá de la inflación.

Un mayor control de los precios fue reclamado dentro de la coalición gobernante por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

También, según trascendió, un pedido a los directivos de la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), que rechacen aumentos por encima del 4% mensual en aquellos productos que no estén incluidos en el programa Precios Cuidados.

Qué dice la resolución

La resolución 68/2022 publicada en el Boletín Oficial, publicada con la firma del secretario de Comercio, Matías Raúl Tombolini, ordena puntualmente a Defensa de la Competencia investigar a “aquellas empresas vinculadas con la producción y comercialización de bienes de consumo masivo que a lo largo de este año “han aumentado precios por encima de la inflación general y de otras variables que afectan a los costos de producción”.

Estas compañías, señaló el texto, podrían tener una “posición dominante” en los mercados involucrados, puesto que la fijación de precios de manera abusiva “podría a llegar a configurar una conducta anticompetitiva susceptible de sanción”.

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“Tratándose de mercados vinculados con la producción y comercialización de alimentos, la lesión al interés económico general aparece como evidente tratándose de producción mayoritariamente nacional, sobre la base de materias primas nacionales y con condiciones naturales y de infraestructura para proveer alimentos a precios razonables considerando las variables generales de la economía argentina”, subrayó la resolución.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los precios al consumidor subieron en septiembre un 6,2 por ciento en relación a agosto y un 83 por ciento en comparación con el noveno mes de 2021, acumulando en lo que va del año un alza del 66,1 por ciento.

Los precios de los alimentos, por su parte, se incrementaron un 6,7 por ciento respecto de agosto y un 86,6 por ciento en términos interanuales, mientras que en los nueve primeros meses del año acumularon una subida del 69,5 por ciento.

Plazo de 30 días

La autoridad reguladora de la competencia tendrá un plazo máximo de treinta días para remitir a la Secretaría de Comercio “un informe detallado” sobre estas investigaciones.

La pesquisa ordenada por el área de Matías Tombolini responde a un informe elaborado por la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno, que indicó que hay empresas de consumo masivo que, “en el transcurso del presente año, han aumentado precios por encima de la inflación general y de otras variables que afectan a los costos de producción”.

En ese expediente se señala además que las empresas que han aumentado los precios “podrían llegar a tener posición dominante en los mercados involucrados” y que “la fijación de precios de manera abusiva” podría configurar una conducta anticompetitiva susceptible de sanción.

No identifica a las empresas

Si bien la resolución no especifica cuáles son estas empresas, se indica que se trata de “mercados vinculados con la producción y comercialización de alimentos” de “producción mayormente nacional”.

Según un relevamiento realizado por Analogías y que tomó a 1.280 productos de las principales 30 firmas de consumo masivo, las empresas Coca-Cola, Ledesma, Sancor, Papelera San Andrés de Giles y Queruclor son las que más aumentaron por encima de la inflación.

El lunes, el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que prepara “un plan de estabilización entre diciembre y marzo” con el fin de congelar los precios “en los meses más calientes del año” en productos que “representan el 86%” del consumo masivo. Pero el acuerdo no está cerrado por el malestar y el reclamo de los empresarios.