Celulares en las cárceles, la polémica que no se apaga

Mientras el Servicio Penitenciario bonaerense aseguró que desde la puesta en funcionamiento del protocolo de uso riguroso de telefonía celular en las unidades penales, dispuesto en el 2020 en el marco de las restricciones ordenadas por la pandemia del coronavirus, se redujo la cantidad de delitos cometidos por esa vía originados en las cárceles de la Provincia, un grupo de legisladores de la oposición ingresó un proyecto en la Legislatura para que se derogue esa disposición, porque, a su entender, la situación delictiva “lejos de estar controlada, empeoró”.

Fue con un comunicado oficial, que el organismo penitenciario provincial buscó aclarar esos cuestionamientos al decir que: “En primer lugar, corresponde aclarar que esta disposición fue llevada adelante en el ámbito penitenciario bonaerense luego de una decisión del máximo tribunal penal de la Provincia que así lo dispuso. Las razones de esta resolución judicial estuvieron ligadas a la pandemia Covid-19 y a la necesidad de cesar las visitas a las personas detenidas en unidades penales como forma de evitar contagios masivos que colapsaran el sistema de salud pública -objetivo que finalmente logró alcanzarse-”, precisó el SPB en el comunicado.

Aseguró que “la puesta en funcionamiento de esta medida, en marzo de 2020, se llevó a cabo a través de un estricto protocolo que establece pautas rigurosas de uso. Este instrumento fue validado por autoridades judiciales y se basa en antecedentes internacionales en la materia”.

“El Protocolo, entre otras disposiciones, circunscribe su utilización a las actividades educativas a distancia y a los contactos familiares, establece un Registro de celulares que identifica fehacientemente a cada usuario, delimita los ámbitos habilitados para el uso de telefonía celular y prohíbe las redes sociales -con excepción de WhatsApp-”, detalló.

Expresó que el protocolo aludido “se implementó en línea con decisiones adoptadas en este mismo sentido por 14 provincias de nuestro país y servicios penitenciarios de Europa (entre ellos, el de España y Gran Bretaña)”.

“Desde la regulación del uso de los celulares no solo se ha logrado disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales a través de dispositivos móviles, sino que la implementación del protocolo posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente”, remarcó.

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Con una mirada totalmente diferente, los diputados de Juntos, Matías Ranzini, Alex Campbell, Juan Carrara y Johanna Panebianco, indicaron en su proyecto que “el protocolo de pandemia hoy ya trae aparejado más problemas que soluciones al no ponerle fin, porque la gente se debe cuidar también de los delincuentes que operan desde dentro de las penitenciarías con un uso no controlado de los teléfonos celulares”.

Su petición, se indicó, está basada en un “aumento precipitado en los últimos meses de los delitos telefónicos, las estafas y las extorsiones”, muchos de las cuales, según explicaron, se realizaron desde cárceles bonaerenses.