Los 20 años de una Corte Penal lenta

La Corte Penal Internacional (CPI) empezó hace veinte años a perseguir desde La Haya los crímenes internacionales más graves, un aniversario que llega marcado por la guerra en Ucrania y los llamamientos a la reflexión para agilizar los procesos para “tener un impacto en la vida real” de las víctimas.

Si algo caracteriza la justicia internacional es su lentitud: en dos décadas solo emitió cinco condenas por crímenes de guerra y de lesa humanidad, todas entre 2012 y 2021. Pero las críticas en los últimos años también se centraron en que la CPI sólo logró perseguir atrocidades cometidas en África: Uganda, República Democrática del Congo y Malí.

Además, los 47 sospechosos que tiene en la mira son africanos. El jueves, emitió por primera vez en dos décadas órdenes de arrestos contra tres sospechosos de otro continente: tres mandatarios de Osetia del Sur sospechosos de haber cometido crímenes de guerra durante el conflicto que azotó esta república separatista georgiana en agosto de 2008.

Tras la adopción del Estatuto de Roma en 1998, la CPI se estableció en 2002 como tribunal de último recurso e institución permanente para perseguir crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio, y, desde 2018, el crimen de agresión.

“Fue un logro tremendo. Era un reconocimiento a que el Estado de derecho existe para brindar protección, especialmente a los más vulnerables, y para garantizar la rendición de cuentas de personas que jueces independientes declararon culpables”, señaló Karim Khan, fiscal de la CPI.

Sin embargo, subrayó que este es “también un momento para hacer una pausa, reflexionar y tratar de refrescar el proceso de justicia internacional”, puesto que, admitió, la CPI “debe tener un impacto en la vida real de las personas”, “trabajar más cerca de las comunidades afectadas”, e intentar “agilizar y mejorar la calidad de la impartición de la justicia”.

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La CPI no es un tribunal de Naciones Unidas y depende mayormente de la cooperación de sus miembros. Un total de 123 países han ratificado el tratado fundacional, y entre ellos no están, por ejemplo, Estados Unidos o Israel, afectados por investigaciones relativas a Afganistán y Palestina, respectivamente.

La CPI puede procesar a nacionales de países que no han ratificado el Estatuto si cometen delitos de su jurisdicción en el territorio de uno de los Estados miembros, pero solo si se trata de genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad. Solo tiene jurisdicción sobre la agresión, como la cometida por Rusia contra Ucrania el 24 de febrero, si ambos países son miembros, lo cual no es este caso.