La segmentación tarifaria se dilataría y prepararían un plan B

Los marcados problemas operativos y regulatorios que se presentan para aprobar las resoluciones con los nuevos valores y la amenaza latente de demandas judiciales de las entidades de usuarios que reclaman la realización de audiencias públicas van camino a postergar los ajustes tarifarios y el recorte de subsidios para los servicios de energía eléctrica y gas que deberían entrar a correr desde la próxima semana.

Sin admitirlo, por el momento, de manera oficial, los funcionarios de la Secretaría de Energía que conduce la salteña Flavia Royón han comenzado a delinear una suerte de “plan B” al ver que se acortan los plazos y resulta cada vez más complicado llegar con todos los deberes hechos antes del 1º de setiembre. Esa fue la fecha fijada para la aplicación de la primera tanda de aumentos para los usuarios residenciales de altos ingresos que perderán la totalidad de los subsidios y los hogares de clase media cuyas demandas superen los límites de consumos mensuales que se mantendrán bonificados.

Tras haberlas desestimado con el argumento de que las realizadas antes de que se fuera Martín Guzmán para tratar los alcances del esquema de segmentación sirven de cobertura y respaldo; ahora las autoridades de Energía tienen en carpeta convocar a nuevas audiencias públicas para explicar hasta dónde llegarán y cómo se instrumentarán los cambios e incrementos tarifarios en juego para la luz y el gas.

Con el llamado a audiencias públicas, Royón apuntaría a un doble objetivo. Por un lado, ganar tiempo para salir del atolladero en que se metió el Gobierno al anunciar a las apuradas un paquete de aumentos y quita de subsidios sumamente engorroso para los usuarios y extremadamente complejo de instrumentar para las distribuidoras eléctricas y gasíferas.

Y, por otro lado, evitar los casi seguros amparos judiciales que están a la vuelta de la esquina para frenar los aumentos por no haber cumplido con las normas vigentes y el fallo de la Corte contra la administración macrista de 2016 que dejó en claro que los usuarios deben tener acceso a una información previa y veraz sobre los ajustes tarifarios.

En el caso de AySA, donde los incrementos de tarifas por la pérdida de subsidios comenzarán a correr recién a partir de noviembre, el ministerio de Obras Públicas comandado por Gabriel Katopodis también seguiría el mismo camino con la convocatoria a una audiencia pública específica para los primeros días de octubre.

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La señal concreta de que las entidades de usuarios se aprestan a judicializar los aumentos si no hay audiencias públicas le llegó al Gobierno en las primeras horas del lunes, según Iprofesional.

Un grupo de 31 asociaciones de usuarios y consumidores le reclamaron por nota directamente al ministro de Economía y nuevo hombre fuerte del Gobierno, Sergio Massa que se convoque a audiencias públicas antes de aplicar el nuevo esquema de segmentación y ordenamiento tarifario.

“Dicho ordenamiento implicaría topes al consumo en gas natural y energía eléctrica con quita de subsidios para el excedente y un plan de segmentación para aguas y desagües que no formaron parte de las audiencias celebradas en mayo de 2022, advirtieron los directivos de las entidades de usuarios.

La nota remitida a Massa destacó que “en los casos del gas y electricidad, los criterios de consumo fueron descartados por la propia Secretaría de Energía en el informe técnico elaborado para dicha audiencia”.