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El proyecto de ley que aumenta el valor de las indemnizaciones por despidos en la Provincia, sigue generando controversias. Ayer, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, salió con los tapones de punta y aseguró que se trata de una iniciativa “muy mala para la Provincia” y advirtió que va a terminar generando el “cierre de empresas”.
Montenegro no fue el único dirigente del PRO que salió al cruce de la ley motorizada por La Cámpora. Al jefe comunal se sumó el senador bonaerense Alejandro Rabinovich, Dijo que si la normativa se aprueba “será la muerte de las Pymes” porque los intereses que deberán pagar las empresas cuando despidan a un trabajador se multiplicarán por 7.
“Esta ley es muy mala para la Provincia. Pido sentido común y esta ley carece de sentido común. Espero que esto no salga. Las empresas más grandes se van a querer ir y las más chicas se van a fundir”, indicó.
Y añadió: “Esto va a hacer que se cierren comercios o que directamente no se quieran abrir”.
Como viene publicando este diario, la iniciativa fue sancionada la semana pasada por la Cámara de Diputados de la Provincia, promovida por legisladoras de La Cámpora. Establece que para calcular los intereses que se les añaden a las indemnizaciones laborales al momento del pago, se debe tomar la tasa de Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más una tasa pura del 6 por ciento anual desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el pago efectivo.
Así, se deja de lado como parámetro de cálculo la tasa activa del Banco Provincia.
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Para el PRO, el proyecto que se pretende transformar en ley “es inconstitucional”. Pero además, afirman que los intereses en las sentencias por despidos subirían de manera abrupta.
“En la Legislatura se está votando un proyecto de ley que significa la muerte de las Pymes. De aprobarse una nueva fórmula, los intereses en las sentencias de despidos se multiplicarían hasta por 7. ¿Qué quiere decir? Con la ley actual, un despido ocurrido en enero del 2020 en el que se reclama un capital de $100.000, el empleador debería pagar hoy, aproximadamente $370.000. Con la reforma ese monto se elevaría a $2.551.895”, aseguró el senador Rabinovich.
El legislador sostuvo que “esto hace imposible la supervivencia de los negocios, de los locales, de las Pymes. Y además hace imposible que el comercio pueda contratar a un nuevo empleado. Impacta directamente en el bolsillo de las pequeñas y medianas empresas que hacen girar la economía de la Provincia, que generan trabajo privado”.
Rabinovich recordó que la Justicia provincial ya ha entendido en otros casos que “la regulación a través de una ley del cálculo de los intereses se trata de materia de fondo -que se encuentra reservada para el Congreso Nacional- con lo cual su incorporación en el Código Procesal de la Provincia es claramente inconstitucional”. Y reiteró que el PRO, al igual que lo hizo en Diputados, votará en forma negativa.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara baja por Unión por la Patria, los diputados de la izquierda y los libertarios disidentes de Unión, Renovación y Fe. En tanto fue rechazada por el PRO y los mileístas, mientras que se abstuvieron las dos bancadas del radicalismo.
Diputados de La Cámpora dijeron que el objetivo de la modificación es que al momento del cobro de la indemnización por parte del trabajador despedido, el monto no termine siendo erosionado por la inflación. “A la única persona que le sirve la mal llamada ‘industria del juicio’ es a los empresarios. Al momento que a uno lo despiden, el abogado laboralista termina aconsejando que termine aceptando el arreglo debido a las demoras de los plazos de los juicios laborales”, dijo la diputada kirchnerista Soledad Alonso.
Pero distintos sectores empresarios creen, por el contrario, que podría derivar en el cierre de Pymes.
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