En los últimos años, la ludopatía dejó de ser un problema exclusivo de adultos. Cada vez más adolescentes -e incluso niños- caen en la trampa del juego compulsivo, impulsados por la accesibilidad de las plataformas online, la publicidad encubierta en redes sociales y la falta de controles efectivos. El fenómeno preocupa a psicólogos, docentes y familias que advierten una verdadera epidemia silenciosa.
En las últimas horas, por orden del juez garante Francisco Martínez Garmendia, a requerimiento del fiscal Daniel Ichazo de Berazategui, se lanzaron múltiples allanamientos en el marco de una investigación por el accionar de una organización dedicada al juego clandestino, que era promocionado a través de posteos de Instagram y en un canal de YouTube.
Con informaciones engañosas y falsas campañas que garantizaban el éxito económico, por ejemplo para la compra de bienes suntuosos, coches de alta gama y viajes, el número de damnificados creció exponencialmente con el correr del tiempo.
Todo arrancó a partir de una denuncia anónima de los padres de un chico de 13 años, que participaba sin control alguno de apuestas promocionadas por redes sociales.
Así, los investigadores llegaron a Matías Garcilazo, un empresario con registros de aportes de la PSA, que vivía en una mansión en Pilar. También arrestaron a su pareja y al menos a otros seis sospechosos de participar en un oscuro entramado con diferentes roles.
Hasta hubo una orden de presentación de efectos en el club Independiente de Avellaneda.
También la pesquisa incluyó un informe de ludopatía infantil, que fue realizada por la Dirección de Enlace y Apoyo al Ministerio Público Fiscal con un universo de 2.933 estudiantes de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela, cuyos resultados fueron alarmantes.
Entre esos datos surgió que el 15 por ciento admitió haber apostado de manera online en algún momento; el 80 por ciento aseguró haberlo hecho tras ver publicidades en redes o anuncios de influencers; el 6 por ciento dijo haber ido a la escuela “muchas veces sin dormir” y el 40 por ciento contó que sus padres no ejercen control sobre el contenido que consumen en sus teléfonos.
Por último, se supo que en los procedimientos se pudieron secuestrar teléfonos y otros dispositivos de almacenamiento de datos, como tarjetas de memoria y discos rígidos.
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