La Justicia necesita eficacia, rapidez y más independencia

Cuestiones que son esenciales para la sociedad y que están relacionadas a la eficacia de la actividad del Poder Judicial, que tienen que ver con derechos y obligaciones esenciales de las personas, así como a situaciones económicas, laborales y de familia –pero que también, por su repercusión, pueden ser trascendentales para los intereses de la sociedad- se encuentran muchas veces relegadas durante varios años por la extrema lentitud con que se manejan muchas causas en los distintos fueros del Poder Judicial.

Se ha dicho ya en esta columna que resulta inadmisible que, en el ámbito de un poder público de enorme relevancia institucional, como lo es el Judicial, pueda vivirse en una suerte de recurrente foco de instancias dilatorias, con juicios pendientes de sentencia durante décadas.

Se registran, asimismo, indefiniciones vinculados a los delitos penales, pero con un mayor grado de repercusión en aquellos que atañen a cuestiones de corrupción administrativa. O puede aludirse también a episodios propios de los juicios políticos a magistrados, en donde las demoras pueden concernir al Poder Legislativo que interviene en ellos, originándose retrasos que atentan contra la confianza pública.

En el caso del fuero penal ordinario, últimas estimaciones realizadas sobre la Justicia provincial determinaron que en marzo de 2025 el 50 por ciento de las personas privadas de libertad en cárceles se encuentran en estado de prisión preventiva, es decir sin condena firme. Y que sólo la mitad restante cumple condena.

Juristas especializados aluden -tanto para las justicias provinciales como para las de orden nacional y federal- a serias inobservancias al principio de celeridad. Se suceden retardos injustificados en tribunales de los distintos fueros.

Asimismo, las críticas apuntan ahora a una tendencia en crecimiento, acerca de que en muchos estamentos de la Justicia se pone el foco en la frecuente realización de jornadas, simposios y reuniones académicas, con intervención de centenares de funcionarios y empleados judiciales, en detrimento de la atención del trabajo estrictamente jurisdiccional.

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Se viene marcando, asimismo, una creciente interferencia de la política que abre campo a percepciones de presunta corrupción y a las supuestas relaciones de integrantes de la Justicia con los poderes Ejecutivo y Legislativo, algo que también demora los procesos más resonantes y acentúa la desconfianza de la población.

Al mismo tiempo, el sistema judicial que, en mayor medida sigue siendo escrito, se muestra cada vez más a la zaga frente a la rapidez de muchos otros trámites que en la actualidad son digitales.

No debiera hacer falta señalar que, subordinadas a la actividad judicial, existen cuestiones y derechos perentorios relacionados a la libertad, a la seguridad, a los derechos de propiedad, a situaciones laborales o de familia que son acuciantes.

Sin dejar de lado la consistencia de los sistemas de prueba, los especialistas insisten en que la Justicia debiera modernizar su prestación, agilizando y simplificando procedimientos, evitando el otorgamiento de prerrogativas inapropiadas e injustas a quienes no las merecen, promoviendo un mensaje más claro y accesible para la población. Y sobre todo apuntalándose en una mayor independencia frente a la política y los demás poderes fácticos, para garantizar así la mayor eficacia y transparencia que necesita.