El fantasma de purgas políticas en Cuba

Columnista de AFP

La acusación por “espionaje” y “corrupción” de un exministro de Economía cercano al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, genera interrogantes y revive el fantasma de las purgas políticas en la cúpula del poder comunista.

Desde la remoción de Alejandro Gil en febrero de 2024 y el anuncio poco después por Díaz-Canel de que estaba siendo investigado por “graves errores”, no se había filtrado ninguna información sobre el destino del exministro, pero un críptico comunicado de la Fiscalía General de Cuba reavivó hace una semana las especulaciones.

La Fiscalía solicitó entonces que Gil (2018-2024) y otros acusados, cuyas identidades y número no fueron especificados, sean considerados responsables “por los delitos de espionaje” y “actos en perjuicio de la actividad económica”, y condenados a penas de cárcel.

Asimismo, el texto mencionó un abanico de cargos: “malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”.

No se han ofrecido detalles sobre el país beneficiario de las presuntas actividades de espionaje ni sobre los perjuicios económicos causados. Tampoco se ha informado la fecha de un posible juicio.

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Cercano a Díaz-Canel

Gil, de 61 años e ingeniero en explotación del transporte, fue un funcionario cercano a Díaz-Canel, quien sucedió a Raúl Castro en la presidencia. Fue ministro de Economía y Planificación desde 2018 hasta su repentina caída.

Desde entonces, no se le ha vuelto a ver en público y se desconoce si está detenido o bajo arresto domiciliario.

El caso Gil salió a la luz en momentos en que el país atraviesa su peor crisis económica en treinta años y vive una caótica apertura al sector privado, con una fuerte inflación, el empobrecimiento de parte de la población y un aumento de las desigualdades.

Sin embargo, su destitución, aunque espectacular, no es un hecho aislado en el poder cubano, marcado por una sucesión de expulsiones de políticos y militares, todas ellas rodeadas de misterio y ocurridas en momentos de crisis o tensiones internas.

Entre los casos más sonados figuran, en 2009, bajo la presidencia de Raúl Castro, los del canciller Felipe Pérez y del secretario del consejo de ministros, Carlos Lage.

Estas dos figuras del poder cubano sufrieron una caída vertiginosa, tras ser destituidos por conducta “impropia”.

“Mensaje político”

Pérez Roque había reemplazado a Roberto Robaina, otro joven con una carrera fulgurante, que finalmente se vio truncada en 1999 por “deslealtad” a Fidel Castro.

El caso del general Arnaldo Ochoa, acusado junto con otros oficiales de narcotráfico, sigue siendo hasta ahora el más sonado en la isla.

Tras un juicio calificado de estalinista por la disidencia, Ochoa, excombatiente de la guerrilla de Fidel Castro en la Sierra Maestra y héroe de las misiones militares de Cuba en Angola, fue fusilado en 1989 junto con otros tres oficiales.

Para el politólogo Arturo López-Levy, investigador de la universidad de Denver, el caso Gil puede ser interpretado como “un mensaje político” para los funcionarios cubanos.

“En un contexto de crisis y de proyectos de reforma y apertura (al sector privado), el hecho de que una persona en los más altos niveles tenga un comportamiento de ‘fin del juego’, manda señales” negativas que la cúpula quiere neutralizar, añade el experto.

Para el sector más conservador de la cúpula, Gil simboliza a las “personas que creen que no hay futuro dentro del sistema” y que “comenzaron a prepararse para un día después”, asegurando su futuro económico, según López-Levy.

En una reacción inusual dentro del poder cubano, al día siguiente del anuncio de la fiscalía, la hija del exministro reclamó transparencia en una publicación en Facebook.

Laura María Gil destacó que su padre niega todos los cargos que se le imputan y reclamó “un juicio a puertas abiertas”, que “sea televisado en vivo”, con “la participación de medios de prensa oficiales y no oficiales”.

“Sobre el tema del espionaje (...) creo el pueblo agradecería mucho más una ampliación de la noticia”, añadió la joven, que también demandó detalles como “qué hizo, a qué país o países” benefició y “qué recibió a cambio”.

Pero López-Levy subraya que existe la “posibilidad” de que la acusación de “espionaje” permita a las autoridades manejar este proceso “a puertas cerradas”.