Separar las elecciones nacionales, provinciales y municipales

La posibilidad de realizar en fechas distintas las elecciones nacionales de las provinciales, lamentablemente ha quedado como un tema a discutir según las conveniencias circunstanciales de cada una de las fuerzas políticas. Desde estas columnas hace más de ochenta años que se ha sostenido que los comicios municipales deben realizarse independientemente de los demás. Quince años después ese criterio fue adoptado en relación a la designación de autoridades provinciales, regresando a las fuentes iniciales del diario fundado en 1884 por familias entre las que predominaba el llamado autonomismo.

En realidad casi todas las provincias argentinas aplican ese criterio generando la posibilidad que los temas locales sean el centro de debates y discusiones en las semanas previas a la elección de gobernador, diputados y senadores bonaerenses. En definitiva, el crecimiento del “pago chico”, como se decía, hace al progreso del país.

La República Argentina es federal en los papeles, si se compara con otras en las que rige un sistema impositivo distinto, en el que las jurisdicciones locales son las primeras en recaudar sin que ello signifique despojar al Estado Nacional de todos los recursos necesarios para la defensa, además de otras funciones y la asistencia a los territorios que presenten mayores dificultades geográficas o climáticas para el desarrollo normal de las actividades humanas. El gobierno central se ha reservado la facultad de imponer tributos de toda clase y retener una porción cada vez mayor de los mismos. El resto se divide entre las provincias de acuerdo a la ley de coparticipación que consagró la desigualdad entre los argentinos. Se delegó en las provincias la inversión en salud, la mayor parte de las tareas para garantizar la seguridad de los habitantes y la educación primaria y secundaria bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. La llamada ley de coparticipación cuando fue sancionada fijaba un plazo para su modificación, el mismo no ha sido respetado y los bonaerenses aportan más de lo que reciben, sin que ello sea tenido en cuenta. Mientras existen regímenes como el de Tierra del Fuego llamado de promoción industrial con más de 50 años de vigencia que producen un costo fiscal que supera los mil millones de dólares anuales, mientras que los artículos electrónicos le cuestan a los argentinos un 60% más que a los habitantes de los países limítrofes.

Es posible que el aumento de las explotaciones de petróleo, gas, etc. aumenten el porcentaje de su contribución al producto bruto interno, mientras que el agro bonaerense no ha podido desarrollar todo su potencial abrumador por los impuestos y retenciones, por la falta de una infraestructura ferroviaria que significa un peso significativo en el costo del transporte a los mercados de los granos y las carnes, además de que la falta del mejoramiento de la red vial, genera situaciones como en la ruta 3 donde la sobrecarga de tránsito produce costosas demoras y accidentes en los camiones cargados. La imposibilidad de financiar las grandes obras hidráulicas que La Pampa requiere produce que miles de hectáreas queden bajo las aguas cada tanto con todos los daños que ello significa. Por supuesto que la industria está también castigada por la falta de recursos del erario provincial y lo que es peor esa situación repercute directamente en la calidad de vida de sus trabajadores.

Es de presumir que porcentualmente aumenten las contribuciones de otras provincias al producto bruto interno por la explotación de yacimientos de gas, petróleo, cobre, etc. Pero es inimaginable el potencial del agro bonaerense que es sometido a pesadas cargas impositivas y retenciones a podido incorporar tecnologías y aumentar su producción aún con ingresos disminuidos por esos factores tal como ocurre con la desindustrialización producida por políticas nacionales que no posibilitaron la incorporación de tecnología en las fábricas. Por todas esas circunstancias hoy más que nunca se requiere que las elecciones de autoridades provinciales y nacionales sean precedidas de los debates y análisis que requiere para crear las condiciones que permitan superar la discriminación que agobia a los bonaerenses, porque dependen de la buena o mala voluntad de los circunstanciales titulares del poder ejecutivo nacional.

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