La oposición salió a rechazar con firmeza la reforma del sistema de inteligencia que impulsa el Gobierno a través del DNU 941/2025, cuya publicación oficial se espera para los próximos días. El proyecto redefine la estructura y las funciones de la ex SIDE y habilita nuevas facultades para sus agentes, entre ellas la posibilidad de aprehender personas en casos de flagrancia. Dirigentes opositores denunciaron que la iniciativa supone un avance hacia el “espionaje político” y criticaron el uso del decreto como vía para modificar la Ley de Inteligencia Nacional.
Uno de los principales cuestionamientos recae sobre el método elegido por el presidente Javier Milei para implementar los cambios: un decreto sin tratamiento legislativo. Para que el DNU pierda vigencia debe ser rechazado por mayoría en ambas cámaras, un escenario complejo. En el Congreso recuerdan que ya hubo un antecedente reciente: el primer DNU que la oposición logró rechazar fue el que autorizaba un giro de $100.000 millones para la SIDE.
Entre los primeros en pronunciarse estuvo el diputado socialista Esteban Paulón, quien criticó tanto el momento como el contenido del decreto. Señaló que la norma “generaliza un estado de sospecha” y transfiere competencias sensibles a áreas bajo influencia de Karina Milei, sin intervención del Congreso ni de la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Otro punto que encendió alarmas fue la habilitación para que los agentes de inteligencia puedan aprehender personas sin orden judicial en casos de flagrancia. Para dirigentes opositores, esa atribución supone la creación de una “policía secreta”.
Otro punto controvertido es la disolución del organismo de inteligencia estratégica militar, que pasará a depender del Estado Mayor Conjunto. El diputado Jorge Taiana alertó que este cambio “autonomiza la inteligencia del control civil” y convierte a las Fuerzas Armadas en “auxiliares” de las fuerzas de seguridad, en sintonía —según afirmó— con lineamientos impulsados por el Comando Sur.
En el Congreso, dirigentes de distintos bloques reclamaron que las comisiones pertinentes sean conformadas de inmediato para abordar el decreto. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, responsabilizó a las autoridades parlamentarias por la demora y pidió que el DNU sea tratado y rechazado “por su nulidad absoluta”. El radical Ricardo Alfonsín también cuestionó la falta de debate legislativo y consideró “grave” que una reforma de esta magnitud se concrete sin consensos.
Según fuentes parlamentarias, la Comisión Bicameral de Inteligencia pedirá al Poder Ejecutivo informes sobre el alcance y los fundamentos de la iniciativa.
Desde la izquierda, los diputados Christian Castillo y Néstor Pitrola pidieron la anulación del DNU y denunciaron que la reforma habilita un “salto en el espionaje político” y configura “un régimen de facto dentro de una democracia formal”.
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