La Argentina enfrenta varios reclamos en la justicia internacional, pero el juicio en EE.UU. por la expropiación de YPF es el más importante, ya que pesa sobre el país una condena de primera instancia por U$S16.000 millones.
Mientras espera por una resolución favorable de la apelación en segunda instancia, que dejaría sin efecto cualquier intento de ejecución del fallo original, el Gobierno acusó a los demandantes de hostigar al país.
Lo que sucede es que, como la Argentina interpuso ese recurso sin haber depositados las garantías exigidas, los beneficiarios del fallo siguen intentando cobrar mientras se tramita la apelación.
Los demandantes, financiados por el fondo Burford, intentan cobrar por diferentes vías y no descartan pedir sanciones. Una de ellas es probar que ciertas instituciones (como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas) son “alter ego” de la Argentina. Su objetivo es intentar embargar activos de esas organizaciones. Los beneficiarios del fallo pretenden que la Argentina entregue chats y mails de funcionarios actuales y pasados.
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