El nuevo “Nuremberg”: un tribunal para juzgar a Putin

Más de tres años después del inicio de la guerra en Ucrania, Europa dio uno de los movimientos políticos y judiciales más contundentes contra Rusia desde el comienzo del conflicto. Un grupo de 36 países aprobó la creación de un tribunal especial destinado a investigar y juzgar el denominado “crimen de agresión” cometido con la invasión ordenada por Moscú el 24 de febrero de 2022.

La decisión fue interpretada inmediatamente como el posible nacimiento de un nuevo “Tribunal de Nuremberg”, en referencia a la histórica corte creada por las potencias aliadas tras la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los jerarcas nazis sobrevivientes del régimen de Adolf Hitler. La comparación no es casual: el objetivo es avanzar sobre las máximas autoridades políticas y militares responsables de haber iniciado la guerra.

La propuesta había sido impulsada por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski apenas comenzada la invasión. Desde entonces, Kiev insistió ante Europa y los organismos internacionales para construir un mecanismo judicial que permitiera responsabilizar directamente al Kremlin por la ofensiva militar.

Finalmente, la iniciativa tomó forma con la firma de un protocolo internacional respaldado por 34 países europeos, además de Australia y Costa Rica. El documento fue aprobado durante la reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores del Council of Europe.

El objetivo: juzgar a Putin y a la cúpula del Kremlin

El nuevo organismo estará enfocado en el llamado “crimen de agresión”, una figura jurídica internacional que apunta contra quienes toman la decisión política y militar de lanzar una guerra. A diferencia de los crímenes de guerra o de lesa humanidad —que suelen recaer sobre responsables directos de asesinatos, torturas o ataques contra civiles—, este delito pone el foco en la conducción del Estado agresor.

Por eso, el eventual proceso podría alcanzar directamente a Vladimir Putin, además de integrantes de su gobierno, altos funcionarios del Kremlin y mandos militares que supervisaron la invasión y las operaciones en territorio ucraniano.

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Los impulsores de la iniciativa consideran que este paso es clave porque la Corte Penal Internacional enfrenta fuertes limitaciones para intervenir plenamente en este caso. Rusia no integra el Estatuto de Roma y además posee poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que dificulta cualquier resolución internacional impulsada desde Naciones Unidas.

En ese contexto, el nuevo tribunal aparece como una vía alternativa para intentar avanzar judicialmente contra la dirigencia rusa.

“Putin quería entrar en la historia...”

Durante la firma del acuerdo, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, sostuvo que “el momento en que Rusia deberá responder por su invasión se acerca a grandes pasos” y remarcó que “la justicia debe prevalecer”.

Por su parte, el canciller ucraniano Andrii Sybiha celebró el avance de la iniciativa y aseguró que “el tribunal especial ya es una realidad jurídica”. Además, lanzó una fuerte ironía dirigida al mandatario ruso: “Putin siempre quiso entrar en la historia. Este tribunal lo ayudará a lograr su sueño… pero como criminal”.

Las declaraciones reflejan el fuerte componente simbólico y político que tendrá el organismo. Para Ucrania y varios países europeos, el tribunal no solo busca imponer sanciones judiciales, sino también construir un precedente histórico frente a futuras guerras de agresión.

Qué países apoyan la iniciativa

Los países que firmaron el documento fundacional son Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Suecia, Suiza y Ucrania, además de Australia y Costa Rica.

La Unión Europea también respaldó formalmente el proyecto como institución, aunque algunos países europeos decidieron mantenerse al margen por el momento. Entre ellos aparecen Hungría, Eslovaquia y Malta, mientras que Turquía tampoco se sumó a la propuesta.

Tampoco adhirieron varios países de los Balcanes y del Cáucaso, entre ellos Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. De todos modos, la lista de adhesiones permanece abierta y los impulsores esperan sumar nuevos apoyos internacionales en los próximos meses.

La Haya será la sede del tribunal

El nuevo organismo tendrá sede en La Haya, ciudad considerada uno de los principales centros mundiales de la justicia internacional. Allí funcionan actualmente la Corte Penal Internacional y otros organismos vinculados a causas de derechos humanos y crímenes de guerra.

Sin embargo, la puesta en marcha del tribunal todavía deberá atravesar varios pasos políticos y administrativos. Cada país firmante deberá aprobar el acuerdo en sus respectivos parlamentos nacionales y además será necesario reunir los fondos económicos para sostener el funcionamiento de la estructura judicial.

La Unión Europea ya comprometió una inversión inicial de 10 millones de euros para comenzar a financiar el proyecto. Aun así, diplomáticos europeos reconocen que el proceso podría demandar tiempo y negociaciones complejas.

Estados Unidos, entre la distancia y el rechazo

Uno de los principales desafíos para el nuevo tribunal es la posición de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump volvió a manifestar su histórica desconfianza hacia los organismos judiciales internacionales y evitó respaldar la iniciativa europea.

Washington considera que este tipo de estructuras puede convertirse en una herramienta política utilizada contra distintas potencias y mantiene desde hace décadas una postura crítica frente a tribunales internacionales con capacidad de juzgar dirigentes nacionales.

En paralelo, la administración estadounidense impulsó durante el último año propuestas de negociación que incluían posibles amnistías vinculadas a los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto, con el objetivo de facilitar un eventual acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

Además, Trump endureció recientemente su postura contra la Corte Penal Internacional y adoptó represalias contra magistrados vinculados a investigaciones impulsadas por ese organismo.

Reparaciones económicas y reclamos de las víctimas

Además del eventual juicio contra los responsables políticos y militares de la invasión, el nuevo tribunal prevé crear un registro internacional de daños para documentar pérdidas materiales sufridas por civiles, empresas e instituciones afectadas por la guerra.

También funcionará una comisión especial encargada de analizar reclamos y determinar posibles compensaciones económicas para las víctimas del conflicto. El objetivo es avanzar tanto sobre las responsabilidades penales como sobre las consecuencias materiales que dejó la guerra en territorio ucraniano.

Aunque todavía falta un largo recorrido diplomático y judicial, la creación del tribunal ya representa uno de los mayores intentos internacionales de llevar a la cúpula rusa ante la Justicia y de instalar la idea de que la invasión a Ucrania podría terminar siendo juzgada como uno de los grandes crímenes políticos del siglo XXI.