Cuatro meses después de que la Cooperativa de Agua de Abasto fuera denunciada penalmente por contaminar las napas a su alrededor, la Justicia Federal de La Plata intimó a la firma a que en el plazo de esta semana disponga los medios para proveer agua potable a los vecinos de dos barrios. La medida abre una luz de esperanza para unas 600 familias de Villa La Esperanza y San Martín, muchas de las cuales vienen reclamando el servicio desde hace más de veinte años.

En una medida cautelar para proteger a los vecinos, el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal en lo Criminal Nº 3 de La Plata, ordenó a la Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Abasto que “arbitre los medios necesarios para proveer de agua potable, en la cantidad y regularidad que resulten suficientes para abastecer el consumo de todas las familias que residen en los barrios Villa La Esperanza y San Martín”, intimándola a que en el término de esta semana presente una propuesta respecto de la modalidad con que cumplirá la medida.

Si bien se encuentra pendiente el resultado del peritaje ordenado para precisar la composición del agua de las napas de la zona donde la Cooperativa vuelca sus efluentes, el juez entendió que “los testimonios reunidos en la causa son suficientes para adoptar una medida de carácter precautorio”, orientada a que los vecinos “dejen de consumir inmediatamente el agua presuntamente contaminada y reciban el recurso de una fuente segura”.

Al ser consultados sobre esta medida, voceros de la empresa aseguraron no haber sido notificados aun. “Vamos a esperar a que nos llegue la notificación para dar oficialmente una respuesta acerca de cómo vamos a manejarnos”, explicaron ayer.

LA DENUNCIA

Ubicada a una decena de cuadras del centro de Abasto junto a Villa La Esperanza, la planta de tratamiento cloacal de Abasto es un predio de aspecto abandonado con dos piletones de decantación. A ellos llegan los efluentes cloacales de unos dos mil vecinos de la localidad, que pagan a la Cooperativa de Agua una tasa domiciliaria para que ésta se haga cargo de su tratamiento y disposición.

Aunque se supone que al llegar a los piletones, esos barros son degradados por la acción microbiana y sometidos luego a un proceso de cloración, una denuncia penal presentada en abril último por la dirigente Victoria Tolosa Paz asegura que la planta no estaría cumpliendo hoy con este propósito, sino que los vierte directamente sin tratamiento sobre un canal. Así lo probaría una muestra de agua tomada a la salida de la planta, cuyo análisis reveló la presencia de bacterias en cantidades que exceden ampliamente los parámetros admitidos por ley.

En esas muestras -que fueron analizadas por el laboratorio de estudios ambientales GEMA por encargo de la denunciante- se detectó la presencia de salmonella, escherichia coli, shigella, guardias y amibas- todos microorganismos capaces de provocar cuadros gastrointestinales serios- en valores por encima de lo permitido por la ley provincial 11.820.

Aunque las autoridades de la Cooperativa de Agua de Abasto pusieron en duda la validez de esos estudios, lo cierto es que cerca de un 70 por ciento de los pozos de agua de Villa La Esperanza y San Martín, ubicada varios kilómetros aguas abajo, resultaron estar contaminados con materia fecal. Así lo confirmó el año pasado una serie de estudios hechos por el Programa Ambiental de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP a instancias de la biblioteca El Rincón de los Niños de Villa San Martín.

A causa de esta situación, los habitantes de ambos barrios sufren con frecuencias cuadros de gastroenteritis, diarrea y sarpullido en la piel. Es así que muchas familias de la zona invierten gran parte de sus ingresos en agua envasada, mientras que otras se resignan simplemente a hervir el agua de sus pozos antes de consumirla o usarla para cocinar.

“Mandamos a analizar el agua del pozo varias veces y siempre nos dio que estaba contaminada con Escherichia coli. En el barrio la mayoría está igual. Por eso en casa los nenes toman agua mineral, pero no podemos comprar para todos y los grandes tomamos agua de ahí. Cada tanto estamos con diarrea y vómitos”, cuenta Florencia Almirón, una abuela que vive desde hace 41 años en Villa San Martín y ansía que la medida judicial ponga fin a un viejo reclamo de su comunidad.

Lo mismo espera la denunciante de la causa, Victoria Tolosa Paz. “Celebramos este primer paso de la Justicia que intima a la cooperativa de Abasto a presentar un plan de acción. Se trata de la primera respuesta a un reclamo vecinal que lleva más de veinte años y que no es otro que el derecho básico y elemental de acceso al agua”, dijo ayer la dirigente.