La legislatura porteña aprobó la ley “antiUber”, y los taxistas festejan con bombos y platillos

La Legislatura porteña aprobó ayer la reforma del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, más conocida como “ley antiUber”, que estipula multas de 200 mil pesos y el retiro de la licencia de conducir a todos aquellos que transporten pasajeros de manera ilegal, en una votación festejada como un logro propio por cientos de taxistas.

Con 37 votos afirmativos sobre un total de 57, el proyecto presentado por el oficialismo y con el apoyo del GEN y del bloque peronista, era fuertemente resistido por Uber -que consideró que la iniciativa “castiga y persigue” a la empresa- y reclamada por diversas agrupaciones de taxistas.

De hecho, los choferes de taxis pusieron un marco negro y amarillo a la Legislatura porteña, donde festejaron con bombos, platillos y estruendo la aprobación de la norma.

Los taxistas se habían congregado desde las 10 en tres puntos neurálgicos del centro porteño -9 de Julio y Tacuarí, Carlos Pellegrini y Diagonal Norte, y San Juan y 9 de Julio- previo a marchar con sus autos hacia las puertas del Parlamento local, desde donde siguieron la votación.

Además de pancartas contra la empresa estadounidense y los legisladores que ya habían adelantado su voto en contra de esta regulación, reclamaban el control del tránsito vehicular para detectar a las miles de personas que trabajan con sus autos particulares a través de la aplicación.

“Sentimos que soportamos una competencia desleal. Nosotros pagamos un montón de cosas que ellos no pagan y no queremos emparejar para abajo”, comentó uno de los manifestantes de la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro.

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La flamante ley estipula que los agentes viales podrán, por un lado, retener la licencia de manejo a quien “preste un servicio de transporte de pasajeros sin el permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción que la normativa aplicable requiera, sin perjuicio de la sanción pertinente”.

También contempla multas económicas para el “titular o responsable de un vehículo que transporte pasajeros y que lo explote sin la autorización y/o habilitación para prestar el servicio establecida por la normativa vigente”.

Asimismo, propone multas de hasta 10.000 unidades fijas -equivalentes hoy a montos que rondan los 200.000 pesos, pues su valor depende del precio del medio litro de nafta de mayor octanaje- y la inhabilitación para conducir de cinco a diez días.

Varios legisladores se encargaron de puntualizar que la ley no es contra Uber. Sin embargo el debate, que se extendió por más de dos horas e incluyó también la precarización laboral derivada del uso de aplicaciones informáticas y el estado del sistema de transporte público, estuvo centrado en las sanciones a los conductores de Uber.

El gerente de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur, Juan Labaui, había manifestado que “la Ciudad no hizo nada para abrir una conversación constructiva para resolver esto”, teniendo en cuenta que “Buenos Aires es la ciudad donde Uber más crece en todo el mundo”.

Según el directivo, entre 2.000 y 2.500 choferes se agregan cada semana para hacer su primer viaje, y hay 40.000 personas nuevas que lo usan, algo que para el directivo “no va a cambiar”.

Choferes de Uber consultados avalaron esa postura al señalar que “el problema es que más del 40 por ciento de los que trabajamos estamos viviendo de esto”.

“Otros por ahí tienen también otro trabajo, pero muchos vivimos de esto. Mis hijas comen a partir de lo que yo trabajo en Uber, y si dejo, no comemos. No puedo dejar de hacerlo”, afirmó Ariel, conductor de la empresa que se maneja con aplicaciones de celular.

Con la sanción de esta ley la ciudad de Buenos Aires dio un paso más en la regulación de esta empresa, ubicada a medio camino entre una aplicación tecnológica y una compañía de transporte.