La Provincia podrá clausurar comercios que no usen Posnet

El gobierno bonaerense quedó autorizado para endurecer las sanciones contra aquellos comercios que no acepten tarjetas de débito como medio de pago. Es que según quedó establecido en la ley Impositiva, la Provincia podrá, además de las multas vigentes, aplicar la clausura de esos establecimientos.

La medida quedó oculta en medio del debate por el Presupuesto 2019, pero está contemplada en el artículo 85 de la ley Impositiva.

Técnicamente lo que dispusieron los legisladores fue una modificación de un artículo del Código Fiscal bonaerense. Allí se establecen multas de hasta 80 mil pesos y la clausura de entre 4 y 10 días para aquellos comercios que no posean talonarios, controladores fiscales u otro medio para emitir facturas o comprobantes de sus ventas, locaciones o prestaciones de servicio. A esas faltas se les agregó el hecho de no contar “con los dispositivos necesarios” previstos en una ley nacional que obliga a aceptar como medio de pago transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito.

Así, aquellos comercios que no tengan posnet podrán ser pasibles de multas y clausuras.

A partir del 1º de abril de este año, la AFIP dispuso que es obligatorio que comercios y monotributistas acepten tarjetas de débito como medio de pago. Y si bien el uso del posnet se fue ampliando, numerosos establecimientos siguen sin aceptar tarjetas de débito.

Hasta el año 2015 sólo el 15 por ciento de los contribuyentes bonaerenses de Ingresos Brutos contaba con posnet, de acuerdo a los últimos informes oficiales.

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El proyecto acaba de aprobarse y por lo tanto no existen demasiadas precisiones respecto de cómo se va a instrumentar. Por lo pronto, trascendió que en los próximos días se comenzará a trabajar en la reglamentación del artículo.

En fuentes del gobierno provincial dijeron que la Agencia de Recaudación (Arba) quedaría habilitada para llegar a la clausura del comercio que no tenga posnet. Pero recién se llegaría a esa sanción máxima luego de una intimación de los inspectores del organismo recaudador. La idea oficial es que la pena máxima de clausura sea dispuesta por la Justicia.

Con esta medida, la Provincia busca el blanqueo de las ventas y evitar maniobras de evasión en el impuesto a los Ingresos Brutos.