En la última década, la sociedad argentina comenzó a manifestar un lento proceso de cambio respecto a cómo era presentada la violencia de género, en los medios y en la Justicia.

Términos como “crimen pasional” o “violencia doméstica” quedaron obsoletos por no hacer referencia directa a lo que en realidad estaba ocurriendo en los hogares, en la vía pública o en instituciones.

Más cerca en el tiempo, con precisión, el 3 de junio de 2015, en las plazas de todo el país y de forma particular en la Plaza del Congreso, en capital federal, miles de personas marcharon bajo la bandera del movimiento conocido como “Ni Una Menos” (ver aparte), que surgió como una necesidad de exigir una actuación más determinante para detener la ola creciente de femicidios.

No obstante, esa nueva “conciencia” de la situación, que tiene como principal víctima a las mujeres, continúa siendo una problemática en los hechos.

En la Provincia de Buenos Aires, hay aproximadamente una denuncia por violencia contra la mujer cada siete minutos, según datos de la Procuración General.

De los 114.118 procesos penales obrantes en el Registro de Violencia Familiar y de Género durante el año 2017, 66.639 pertenecen a mujeres y 22.811 hombres. Con esa preponderancia, el segmento de la violencia familiar y de género pasó de concentrar el 9,3 % de todos los procesos penales de la Provincia en 2015 (se registraron 746.687), al 13,8 % en 2017 (824.599 causas penales en total). Fueron 46.433 expedientes más en la comparativa del bienio 2015-2017 (de 67.685 a 114.118).

Como se observa en las cifras, el número de mujeres afectadas casi triplica al de hombres.

Pero, ¿a qué alude el concepto con exactitud?

La ley señala que “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

En este sentido, de acuerdo al informe publicado por el Ministerio Público bonaerense, las parejas y ex parejas son responsables de la mayor cantidad episodios de violencia contra la mujer, seguido por los incidentes generados en el seno familiar.

A ese respecto, la psicóloga y psicoanalista Alicia Crosa refirió a este diario que “según las estadísticas de delitos contra la mujer, se observa una especie de ensañamiento hacia lo ‘femenino visible’; en tanto las mujeres intentan revelarse ante situaciones de machismo manifiesto”.

El Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual advirtió que durante el año 2016 se registraron 13.890 consultas en la línea de atención telefónica (144); mientras que en el año 2017 se recibieron 48.381 llamadas. Es decir, se triplicaron las denuncias por violencia de género.

HOMICIDIOS Y FEMICIDIOS

La antropóloga mexicana Marcela Lagarde fue quien tradujo y reformuló el término inglés “femicide”, conceptualizado por primera vez en 1976 por Diana Russel. Así, quedó definido como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”. No obstante, hay una controversia idiomática entre “femicidio”, que sería homólogo a “homicidio” mas referido únicamente al asesinato de mujeres, mientras que “feminicidio”, incluiría “la variable de impunidad que suele estar detrás de estos crímenes, es decir, la inacción o desprotección estatal frente a la violencia hecha contra la mujer”.

De los 25 países con tasas altas o muy altas de femicidios, 14 están en América Latina y el Caribe, según el proyecto de investigación suizo “The Small Arms Survey”.

Respecto a la información local, el mencionado reporte del organismo revela que en 2017, de un total de 979 asesinatos ocurridos en la Provincia de Buenos Aires, 98 (el 9,4%) fueron femicidios. Según el informe, en 2016 la cifra había llegado a los 90.

El estudio indica que el 62 % de las víctimas tenía un vínculo íntimo con el agresor y el 88 % de los casos sucedió en la vivienda compartida.

En la Región, se contabilizaron siete femicidios en 2017 (sobre un total de 54 asesinatos), uno menos que los ocho reportados en 2016.

En las reflexiones que acompañan el último informe de la Procuración General sobre femicidios y procesos penales por violencia familiar y de género, el organismo señala que la cantidad de causas (114.118) iniciadas en este segmento de delitos “evidencia una conflictividad social de gran relevancia y afecta en su mayoría a las mujeres. No solo limitando su derecho a la vida como expresión más extrema e irreversible, sino también a vivir una vida libre de violencia, entre otros derechos fundamentales”.

Mucho queda por hacer y aprender en estos casos. El primer paso es afirmarlos en la agenda social y política, para que la Justicia se vea obligada a actuar en consecuencia.

Para la Procuración los números “evidencian una conflictividad social de gran relevancia”

La violencia familiar y de género ya concentra el 13,8 % del total de las causas penales

COLUMNA DE OPINIÓN: MORA BLASE

COLUMNA DE OPINIÓN: DARÍO WITT

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