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La entrada en vigencia hace pocos días de la llamada ley de talles, que establece en el país un sistema de identificación de medidas corporales estandarizadas para fabricación, confección, comercializados o importación de indumentarias, que responde a la esencia de muchos reclamos de antigua data y que obliga a los comerciantes que venden ropa a contar con medidas acordes a todas las necesidades en las prendas que ofrecen, constituye un paso trascendente a favor de una más completa contención social. Sin embargo, la experiencia aquilatada aconseja aguardar los alcances concretos de la instrumentación de esa norma.
Tal como se informó, se trata de la ley 27.521 que establece un “sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria” (SUNITI) correspondiente a “medidas corporales estandarizadas”, según la reglamentación específica que disponga la autoridad de aplicación.
Según se indicó, se realizará dentro del período de un año de sancionada la ley, un estudio antropométrico (relevamiento de medidas y proporciones de ciudadanos para conocer el porcentaje de personas dentro de un rango de talles) que permitirá establecer un sistema de designación de talles.
El SUNITI será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y todo comerciante, fabricante o importador de indumentaria deberá identificar cada prenda de acuerdo con el sistema único aprobado por la autoridad de aplicación.
Además, según consigna el texto de la ley publicado en el Boletín Oficial, la norma “se entiende complementaria del Código Civil y Comercial de la Nación, de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y de la ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios a los fines de su interpretación y aplicación”.
Tal como se señaló meses antes en esta columna, la situación cobró vigencia al conocerse los resultados de una reciente encuesta realizada por una ONG internacional que brega por la defensa de los cuerpos, reveladora de que 69 por ciento de la población argentina encuentra dificultades para encontrar ropa a su medida en nuestro país.
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“El sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es de tristeza, porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada y el 51 por ciento lleva a cuestionar su cuerpo, lo que se traduce en gente insatisfecha con su imagen”, agregó el informe de la entidad AnyBody Argentina.
De acuerdo con ese trabajo, los jeans o pantalones son el tipo de ropa que plantea más dificultades. Una integrante de esa ONG indicó que, por curioso que pueda parecer, el talle más difícil de encontrar en los negocios no es el XXL o el XXS, sino los talles 46 -que es considerado el promedio- y los talles 48, 42 y 50 en ese orden.
Es de esperar, entonces, que lo que pueda ocurrir ahora con la sancionada ley de talles no pueda verse asimilada a la situación que plantean muchas otras cuestiones de naturaleza social, que fueron legisladas y que, sin embargo, se cumplen sólo muy relativamente, por no decir que se han convertido en letra muerta. En muchos de estos casos, no sólo se advierte un incumplimiento generalizado de las normas sino, también, un evidente desinterés del Estado en que se vuelven efectivas.
Lo concreto es que aún numerosos jóvenes y adolescentes enfrentan serios problemas para conseguir ropa, por no disponer los negocios de medidas adecuadas para ellos. Es evidente, entonces, que las buenas intenciones de la ley siguen sin verse plasmadas en la realidad. Y en este último caso, correspondería recordar que la norma reglamentaria determinó que los municipios serían los encargados de controlar e imponer las sanciones previstas.
Lo que está comprobado es que la llamada “tiranía de los talles” provoca, sobre todo en un amplio universo de jóvenes y adolescentes, trastornos de diverso tipo, desde psicológicos hasta físicos. No se puede pretender -como ocurre en la práctica- que las chicas amolden su cuerpo a la oferta de indumentaria. Es obvio que debe ser exactamente al revés. Y esta ley busca, en ese sentido, poner las cosas en su lugar.
Lamentablemente, el objetivo no se ha logrado. Pero nunca es tarde. Lo que hace falta es una genuina preocupación y una adecuada responsabilidad desde los organismos del Estado con incumbencia en esta problemática.
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