Derecho, Fiscalía de Estado y la tentación del poder

Para entender lo que ha pasado y lo que pasa en la Justicia bonaerense, quizá haya que examinar alguna vez lo que ha pasado y lo que pasa en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Si se intenta ese ejercicio, se encontrarán zonas oscuras que podrían explicar, si no todas, algunas de las deformaciones a las que han sido sometidos muchos eslabones del Poder Judicial. Allí “nacen”, al fin y al cabo, los abogados y los jueces que supimos conseguir.

La Facultad quizá sea el laboratorio donde se ensayan prácticas políticas y modales institucionales que luego son exportados a otros ámbitos. Es apenas anecdótico, pero si alguien creyó, por ejemplo, que la elección de un candidato a Presidente por parte de su candidata a Vice es una maniobra original, quizá es porque no sabía que en Derecho de La Plata ya hay un vicedecano que designó al candidato a decano y le transfirió sus votos a cambio de un papel que muchos creen decorativo.

El actual vicedecano de la facultad de Derecho es, a la sazón, el Fiscal de Estado de la Provincia. Ya había sido decano por dos periodos (durante algunos años en superposición con el cargo de Fiscal de Estado) y, aunque venía perfilado para un tercer mandato, un reparo de la Gobernación por esa doble función lo obligó a declinar el decanato en favor de un subalterno suyo en la Fiscalía de Estado, para ubicarse él como vicedecano “en jefe”. Todo quedó “en familia”, y se consolidó esta anomalía de una Facultad convertida en apéndice de la Fiscalía de Estado; una megaestructura (más grande que cualquier ministerio) que, entre otras atribuciones, maneja una gigantesca bolsa de trabajo: designa abogados como apoderados fiscales para representar a la Provincia en juicios.

Derecho casi se ha convertido en la “nueva Periodismo” de la Universidad Nacional. El parentesco no es sólo metafórico. Entre otras afinidades y cercanías, ambas facultades comparten una suerte de padrinazgo de Eugenio Zaffaroni, un frecuente animador de actos y presentaciones en una y otra facultad.

ALIANZAS Y SIMPATÍAS

Las alianzas y simpatías ideológicas no merecerían objeciones ni reproches si no incluyeran una fuerte cuota de sectarismo y una agresiva hostilidad contra cualquiera que plantee disidencias. Eso parecería estar ocurriendo.

En Derecho, por ejemplo, hay denuncias de manipulación de concursos y sospechas de solapados castigos a quienes se han parado en una vereda opositora. Mezclar lo académico con lo político es algo a lo que, penosamente, la Universidad se ha deslizado cada vez con menos disimulo y sin ninguna elegancia. Esas confusiones, en el caso de Derecho, contaminan algunos resortes institucionales. La Facultad no sólo ha consolidado un lazo de confusa simbiosis con la Fiscalía de Estado. También ha tejido una suerte de “telaraña de poder” que se extiende al Colegio de Abogados de La Plata y al Consejo de la Magistratura bonaerense, con “brazos” además en la Legislatura y en Tribunales. Hay casos de “pluriempleo” que ilustran este entramado con alguna nitidez. Un funcionario de la Facultad (el secretario de Extensión) es, a la vez, vicepresidente del Colegio de Abogados, integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense (en representación del Ejecutivo) y funcionario de Fiscalía de Estado. Tendrá que hacer malabares para atender en tantos mostradores a la vez, pero más allá de exigencias y horas extras, ¿no se superponen intereses e influencias que deberían transitar por carriles separados y preservar cierta independencia?

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Tantas superposiciones han derivado en situaciones que podrían ser pintorescas si no fueran extravagantes: el mismo funcionario que representa al Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura provincial, impugnó (en su calidad de vicepresidente del Colegio de Abogados de La Plata) al candidato del Ejecutivo para integrar la Suprema Corte. Son riesgos del “pluriempleo”. O quizá sean las consecuencias de integrar el “equipo de Fiscalía”, que juega en varias canchas a la vez.

LOS JUECES Y LAS FACULTADES

Una acordada de la Suprema Corte prohibió en 2017 (más vale tarde que nunca) que los jueces bonaerenses ejerzan cargos ejecutivos en las facultades. No pueden ser decanos, vicedecanos ni secretarios. La Fiscalía de Estado (un organismo de la Constitución que no integra el Poder Judicial) queda “a salvo” de esa incompatibilidad. Quizá haga falta una revisión más exhaustiva, porque una cosa es que jueces, legisladores y funcionarios puedan ejercer libremente la docencia (que supone vocación de servicio) y otra es que puedan desempeñar cargos rentados en la estructura universitaria o aún otros que, sin ser rentados, involucran resortes de poder, influencia y toma de decisiones administrativas, políticas y presupuestarias que (evaluados con una vara ética) pueden entrar en cortocircuito con su otra actividad. El consejo directivo de Derecho está integrado por jueces y por una diputada que además es miembro de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara baja provincial y también, por si le faltaran cargos, es vocal del Consejo de la Magistratura. No habría nada que decir si la política no tendiera sobre la Facultad un manto de cierta oscuridad.

MANIPULACIÓN

A las denuncias por manipulación de algunos concursos se han sumado objeciones por designaciones de docentes “a dedo” y, como si fuera poco, por manejos de dinero al margen del presupuesto, en una suerte de “caja paralela” alimentada con actividades de Extensión. Han quedado registradas en las actas de sesiones del consejo directivo preguntas y afirmaciones inquietantes sobre la colocación de fuertes sumas de dólares a plazo fijo. Que una facultad salga a comprar dólares y haga operaciones financieras por fuera del presupuesto suena, por lo menos, llamativo. Que en el medio hayan renunciado tres secretarios de finanzas, agregaría en todo caso otra cuota de inquietud. Y que todo esto ocurra en una institución académica conducida por funcionarios provinciales, jueces y legisladores, termina por conformar una trama bastante alejada de lo que podría considerarse un elevado estándar universitario.

Derecho ha sido conducida en las últimas décadas por el radicalismo. Durante otros periodos, la política partidaria ejerció alguna influencia (siempre para lamentar), pero había límites que no se transgredían. Esos límites parecerían haberse desdibujado al mismo tiempo que se desteñía el radicalismo universitario. Si bien el decanato está en manos de un dirigente de la UCR, la conducción de la Facultad (a tono con la del rectorado) ha hecho alianzas con el kirchnerismo, después de haber pasado por las estaciones del duhaldismo y el sciolismo, para diversificar su influencia y sus resortes de poder. Hoy está gobernada por “el partido de Fiscalía”, donde mantiene protagonismo el sciolismo residual.

POLÍTICOS Y ACADÉMICOS

Los tiempos en los que la Facultad (y la Universidad en general) era el ámbito al que se iba por vocación académica, ya aparecen retratados en fotografías en sepia. “Yo soy un político, no soy un académico”, dijo el actual decano ante el consejo directivo de la Facultad (acta n° 452 de la sesión del 27 de marzo de este año). A confesión de parte relevo de pruebas. Al menos es lo que antes se enseñaba en esta misma Facultad, que supo albergar en sus cátedras verdaderas escuelas jurídicas.

La conducción de Derecho ya no parece una responsabilidad académica, sino una posición de poder. Maneja “una caja”, impone su arbitrio en el reparto de cargos docentes, integra un mismo polo de decisiones con la Fiscalía de Estado, tiene voz y voto en el Colegio de Abogados e influye en la designación de jueces y fiscales. Quizá haya que poner una lupa sobre ella para empezar a entender la crisis de algunas instituciones en la capital de la Provincia.