Inadmisibles excusas para no cumplir la orden judicial de desalojo en Guernica

No pueden sino causar sorpresa las declaraciones del ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, en las que afirmó que, por falta de recursos, no podrá cumplir hasta fin de mes con la orden judicial de desalojo del predio de casi 100 hectáreas usurpado en Guernica. La orden del juez actuante tiene fecha de inicio de ejecución para el jueves venidero, pero, por lo visto, el responsable de realizar el operativo alegó que se encuentra imposibilitado de cumplir con esa orden.

El funcionario provincial argumentó que no cuenta con el equipamiento necesario para llevar a cabo la tarea: “No puedo encontrar cuatro cuatriciclos que funcionen. No tengo un colectivo para trasladar a la Policía”, aseguró en declaraciones televisivas.

Se habla en este caso de un trámite que el Gobierno provincial ya solicitó dos veces su postergación y aunque actualmente no se registró un tercer pedido de aplazamiento, la fecha límite de la próxima semana se acerca día a día. En la misma línea, el encargado de Seguridad detalló que necesita como mínimo 3.000 oficiales para llevar a cabo la operación. Además, remarcó el contexto de pandemia que se vive en el país y el impacto que ello tiene en las filas de la fuerza de seguridad, con muchos casos de contagios.

Sin perjuicio de las intimaciones que el juez actuante debería emitir para que se cumpla con su orden, podría también observarse que los argumentos que el funcionario esgrime carecen de razonabilidad. En primer lugar, no se entiende para qué harían falta cuatriciclos policiales en un operativo de esta naturaleza. Por otra parte, en los últimos meses fue promovida desde el área de Seguridad, en diversas jornadas, la entrega de numerosos patrulleros a distintas dependencias provinciales.

Se habló en esos casos de la adquisición de una flota de nuevos patrulleros V8 para la Policía provincial: las Ram 1500, una de las pick-ups más potentes y grandes que se venden en la Argentina. En cuanto a la no disponibilidad de colectivos para trasladar hasta Guernica a los efectivos policiales, el funcionario podría alquilar unidades y resolver de ese modo el problema del transporte.

En realidad, el planteo del titular de Seguridad debe ser cuestionado en su esencia institucional, en la medida en que deja entrever una supuesta incapacidad funcional del Estado bonaerense, que resultaría por completo inadmisible.

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Es por todos conocidos que uno de los problemas que plantean las usurpaciones -sin dudas, uno de los más graves- tiene que ver con los plazos que el Estado utiliza para impedirlas y para restablecer los derechos de los propietarios perjudicados por las tomas. A medida que se demora el desalojo inmediato, más se consolida la ocupación ilegítima. Y en el caso del predio de Guernica, la situación se está volviendo cada vez más compleja, a pesar de que existe una orden judicial para desalojarlo.

En los casos en los que existe una intervención judicial, el área de Seguridad pasa a convertirse en un auxiliar del Juez. Su única función es la de acatar el mandato judicial y cualquier otra alternativa debe ser vista no sólo como ajena a sus facultades, sino como una dilación que sólo sirve para impedir que se cumplan órdenes surgidas, en definitiva, del imperio de las leyes.