La oposición en el Congreso de la Nación solicitó al Gobierno precisiones respecto de las medidas que lleva adelante para fortalecer las instituciones donde residen niñas, niños y adolescentes en todo el país, en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19.
Se trata de un proyecto presentado por la diputada nacional del PRO, Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares David Schlereth, Adriana Cáceres, Hernán Berisso, Carmen Polledo, Ezequiel Fernández Langan, Dina Reizinovsky, Soher El Sukaria, Héctor Stefani, Adriana Ruarte, José Nuñez, Camila Crescimbeni y Martin Grande.
En este marco, distintos organismos internacionales de Derechos Humanos advirtieron a los Estados acerca de la necesidad de reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, en particular de aquellos que están en mayor riesgo de sufrir vulneraciones de derechos, dentro de los cuales se encuentran los/as niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales que residen en dispositivos de cuidado alternativo.
Joury precisó que el Covid-19 y las medidas de aislamiento preventivo dispuestas por el gobierno “ocasionaron enormes problemas y dificultades para el funcionamiento de las instituciones de cuidado alternativo, poniendo en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
El Gobierno anunció en junio la iniciativa "AUNAR", con el fin de fortalecer las instituciones donde viven niñas, niños y adolescentes en todo el país. De esta manera, los hogares convivenciales para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y los centros de responsabilidad penal juvenil, donde adolescentes infractores a la ley penal cumplen una medida socioeducativa, recibirían un apoyo por parte del Estado nacional para fortalecer las acciones de prevención ante la pandemia de COVID-19.
De acuerdo al anuncio oficial, la iniciativa alcanzaría a más de 10 mil chicos y chicas que viven en instituciones provinciales, municipales y organizaciones sociales, de todo el país.
“A varios meses del anuncio, se han reportado numerosos casos de instituciones donde residen niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, que no han podido acceder al programa y que desconocen los motivos de dicha exclusión, además de no contar con precisiones respecto de cuándo podrían recibir esa ayuda económica, fundamental en este contexto de crisis económica”, expresó la diputada.
Por ello, según afirmaron los diputados, “solicitamos informes al Ejecutivo respecto de la implementación de la iniciativa AUNAR para, de esta manera, conocer cuántas instituciones efectivamente recibieron la tarjeta, cuáles fueron los criterios adoptados para su distribución y los motivos por los cuales se excluyó a numerosas instituciones”.
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