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Opinión |PANORAMA NACIONAL
La interna oficialista condiciona al Presidente

El Gobierno entró nuevamente en ebullición, esta vez, a causa de la infructuosa arremetida del ministro Martín Guzmán contra el subsecretario de Energía que, bendecido por la Vicepresidenta, por ahora logró sortear su salida del gabinete. Dudas por el calendario electoral que debe debatir el Congreso

La interna oficialista condiciona al Presidente

Alberto Fernández anunció las restricciones que ya rigen y que se extenderán por 21 días / Télam

Por: CARLOS BAROLO

2 de Mayo de 2021 | 02:41
Edición impresa

El presidente Alberto Fernández intentó esta semana retomar el centro de la escena con el diseño de una nueva estrategia sanitaria para enfrentar el recrudecimiento de la pandemia pero se topó con otra ruidosa interna, con la frustrada salida de Hacienda del subsecretario Federico Basualdo por el manejo de la cuestión tarifaria, que enciende las luces de alarma sobre la conducción de la coalición oficialista en un año electoral en el que aún no comenzó la histórica tensión por el armado de las listas de candidatos.

El último día de abril pareció replicar los viernes agitados que han signado a esta administración, como cuando el jefe de Estado se vio obligado a echar del gabinete a Ginés González García por la aparición de un “vacunatorio vip”. En este caso la controversia oficial provino del intento del ministro de Economía, Martín Guzmán, de desplazar a su subalterno Basualdo del área de Energía, en teoría con el apoyo del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del propio Fernández.

Pero el cuestionado funcionario, al que en Hacienda sindicaban como “un intelectual en un organismo público” que no logró segmentar los consumos para establecer el nuevo cuadro tarifario, tenía una madrina poderosa: Cristina Kirchner. Se trata de un cuadro de La Cámpora pero también un investigador de la FLACSO con conocimientos en el rubro energético. “¿Está publicada la renuncia en el Boletín Oficial?”, ironizaba un dirigente de la agrupación de Máximo Kirchner cuando los canales de noticias anunciaban la noticia. Con el correr de las horas, la versión perdió fuerza y hoy el subsecretario de Energía sigue en su cargo.

DIFERENCIAS

La principal diferencia con el ministro de Economía es en la magnitud del descongelamiento del servicio eléctrico: Guzmán quiere dos ajustes en el año y su subordinado sólo uno, siguiendo la manda de la vicepresidenta de evitar que las subas tarifarias peguen en el bolsillo del propio electorado. Pero también hay desacuerdos con la metodología: el dirigente camporista quiere aplicar un subsidio “plano” como ocurría en la “Década Ganada” y no segmentar los consumos como pretende el discípulo de Joseph Stiglitz para que el servicio sea más costoso para los usuarios de alto poder adquisitivo. Ayer finalmente se publicó la resolución del ENRE que oficializó la suba del 9 por ciento para las boletas eléctricas de los usuarios de Edesur y Edenor. Era el mismo porcentaje que por la noche del viernes aseguraban se iba a conceder cerca de Cristina. “Lo importante es que Basualdo se queda y solo se va a aplicar un aumento durante el año”, enfatizaban al defender la postura del funcionario kirchnerista.

El devenir del año electoral expondrá cómo el oficialismo logrará sortear esta controversia. El kirchnerismo logró anular el aumento en los pasajes del transporte público del AMBA que en Transporte habían pronosticado para marzo pasado. Con esta nueva estocada, no sólo Guzmán quedó debilitado sino que el impacto llegaría hasta el propio presidente. En el entorno del jefe de Estado, con todo, aseguraron que el ministro cuenta con el respaldo de la Casa Rosada y que el cuestionado subsecretario podría alejarse de su cargo en un futuro.

En el fondo, lo que se discute, es si se aplica una política tendiente a reducir el déficit fiscal y “tranquilizar la economía”, como gusta decir al titular del Palacio de Hacienda, o el estado sigue aumentando la asistencia a la sociedad para, así, gatillar desde la demanda la reactivación económica. Por ello, tanto en Provincia como en el Instituto Patria son más partidarios de establecer un confinamiento más estricto para hacer frente a la pandemia y que eventualmente sea el estado el que auxilie a los sectores damnificados por el parate de la actividad.

CO-GOBERNAR LA ADMINISTRACIÓN DE LAS RESTRICCIONES

Conscientes de la magnitud de la crisis y de la limitación de los recursos que impiden reversionar los programas ATP e IFE de 2020, en el Ejecutivo apuestan a co-gobernar la administración de las restricciones. No hubo respuesta al pedido de la Provincia para establecer un cierre severo durante dos semanas pero sí para continuar con la veda a las clases presenciales. Ayer sorprendió la “decisión unilateral” del gobierno de Axel Kicillof de adoptar “controles sanitarios” en los accesos a la zona norte del GBA, que ocasionaron un caos de tránsito de ribetes cinematográficos, por parte de la Policía Bonaerense en una franja horaria en la que no estaba prohibida la circulación.

En el oficialismo ven posible un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia que dé lugar al amparo presentado por la administración de Horacio Rodríguez Larreta para garantizar la apertura de escuelas en capital y, tal vez por eso, apostaron a establecer en el DNU publicado el viernes 30, una suerte de semáforo epidemiológico que anime a los distritos a tomar mayores restricciones si se superaran tres indicadores.

La normativa clasificó a los distritos de bajo, medio o alto riesgo, o bien en alerta epidemiológica y, para ello, tuvo en cuenta tres parámetros que se obtienen por la comparación de los casos que hubo en los últimos 14 días con los de los 14 previos; su incidencia, el número total de positivos confirmados en los últimos 14 días por cada 100 mil habitantes; y la oferta local de camas de terapia intensiva.

Es en esta misma sintonía, y para contar con otra herramienta legal, que Alberto Fernández anunció en su discurso el envío de un proyecto de ley para que el Parlamento le conceda poderes para establecer cierres en base a “criterios científicos claros y precisos”. Desde la oposición de Juntos por el Cambio, y también constitucionalistas como Roberto Gargarella, advirtieron que esa derivación de facultades rozaría los “anticonstitucional” y se convertiría, a la postre, en una especie de “superpoderes”.

MESA DE SALUD Y EDUCACIÓN

Lo cierto que es que durante la semana el jefe de Estado volvió a rodearse de expertos -del infectólogo Pedro Cahn parece tomó la propuesta de implementar el “modelo alemán” que Angela Merkel había anunciado en su momento para cerrar actividades en base a la suba proporcional de los contagios de covid- y el viernes conformó una mesa de Salud y Educación para monitorear la evolución epidemiológica y “volver a las clases presenciales” cuando la situación así lo permita.

La adaptación del calendario electoral a los tiempos de pandemia también expuso cierta desincronización en la coalición oficialista. Finalmente el ministro del Interior, Wado de Pedro, no concurrió el viernes a Diputados para empezar a debatir la postergación de los comicios, tal como habían deslizado desde el entorno de Sergio Massa. Es que el titular de la cámara baja había operado el acercamiento de los bloques opositores a la propuesta oficial.

Desde la planta baja de la Casa Rosada aseguraron que serán “los diputados quienes debatan los tres proyectos presentados” para modificar las fechas de las elecciones legislativas. El esquema más probable hoy es el que prevé el 12 septiembre las PASO y el 14 de noviembre, las generales. Pero en medio de la actual incertidumbre, no sólo ocasionada por la pandemia, tampoco hay certezas de un cronograma preciso.

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