Derechos sociales en Chile, el capítulo que busca un estado más solidario

Salud pública y universal, educación gratuita y de calidad y acceso a una vivienda digna son derechos largamente demandados en Chile que podrían dejar de estar sometidos a criterios del mercado si se aprueba la nueva Constitución redactada por la convención constituyente.

El texto, que será entregado a la ciudadanía hoy lunes en una histórica ceremonia y se someterá a plebiscito obligatorio en septiembre, da un giro de 180 grados al modelo de país instalado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y crea un Estado de bienestar parecido al europeo.

“Los derechos constitucionales consagran las aspiraciones largamente levantadas por el movimiento social en nuestro país y lo hacen con una perspectiva de dignidad universal”, dijo la psicóloga y constituyente independiente, Alondra Carrillo.

“El aparato estatal atraviesa una profunda crisis en múltiples dimensiones”

La profesional destacó que se trata además de la primera Constitución en la historia chilena que reconoce “el trabajo doméstico y de cuidados como actividad económica fundamental para sostener la vida” y una de las primeras del mundo en reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

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El proceso constituyente se originó tras un acuerdo entre los partidos para sofocar las protestas de octubre de 2019 contra la desigualdad, las más graves desde el fin del régimen, con una treintena de muertos y miles de heridos.

El investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) Guillermo Pérez es menos optimista que Carillo: “El despliegue concreto de los derechos sociales, su factibilidad, depende de varios factores que exceden por mucho su consagración a nivel constitucional”.

“El aparato estatal atraviesa una profunda crisis en múltiples dimensiones, lo que hará muy difícil una provisión igualitaria y universal de estos derechos”, agregó.

“ENDEUDARSE PARA ESTUDIAR”

A Dominique Fonseca, de 34 años, el banco estuvo a punto de embargarle su casa porque no podía pagar el crédito que adquirió hace 15 años para poder estudiar en la universidad dirección y producción de eventos.

“Recién este año recuperé mi casa, el banco la remató en 2020 porque no fui capaz de pagar el dividendo (hipoteca), ya que el dinero que tenía iba a parar al crédito estudiantil. Espero que no nos tengamos que endeudar más para estudiar”, lamentó.

Este tipo de casos, de aprobarse la propuesta constitucional en el plebiscito de dentro de dos meses con voto obligatorio, podrían quedar en el pasado.

El texto, redactado por una convención con escaños reservados para los pueblos indígenas y paridad entre hombres y mujeres, estipula que la educación será “de acceso universal en todos sus niveles”.

“EL SISTEMA DE SALUD NO DA ABASTO”

María Aguilera, de 92 años, está acostumbrada a esperar meses para recibir diversos tratamientos en el sistema público de salud relacionados con sus problemas de vista, su artritis y su diabetes.

“Hay mucha gente y el sistema (público) no da abasto. Nuestros hijos nos deben ayudar y pagar consultas en los (consultorios) privados para que podamos ser atendidos antes y mejor”, reconoció Aguilera, quien tiene que recurrir a sus hijos porque su pensión es pírrica.

Mejorar el sistema de salud y crear un sistema público de seguridad social que garantice pensiones dignas fueron dos de los asuntos que concitaron más acuerdos en el seno de la convención, integrada en su mayoría por ciudadanos independientes sin afiliación a partidos políticos y de tendencia progresista.

Por una extensa mayoría, la propuesta constitucional estipuló que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”.

“DÉFICIT HABITACIONAL TERRIBLE”

Chile, uno de los países con el costo de vida más alto de la región, vive una crisis habitacional inédita en décadas, que se ha agravado durante la pandemia.

Según la Fundación Techo, cerca de 600.000 familias no tienen acceso a una vivienda digna y más de 81.000 viven en el millar de asentamientos informales que existen en todo el país, la cifra más alta desde 1996.

María Tapia, de 59 años, conoce bien esta realidad. Es dirigente vecinal en el campamento Manuel Bustos, el asentamiento informal más grande del país, ubicado en Valparaíso, a 122 kilómetros de la capital chilena.

“El déficit habitacional es terrible. Familias jóvenes han llegado al campamento porque los arriendos son impagables y la casa propia es imposible para nosotros”, denunció.

En un hito histórico, la convención logró incluir en la nueva Carta Magna el “derecho a una vivienda digna y adecuada” y encomendó al Estado “tomar las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho”.

También consagró el derecho al agua, en uno de los países con el mayor nivel de privatización de ese recurso del mundo.

(EFE)