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Mariano Cúneo Libarona
Según surge de un informe periodístico reciente, el Gobierno estaría decidido a desmontar una millonaria caja política vinculada al Ministerio de Justicia. Se trata del ente de “cooperación técnica y financiera” Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) que, de acuerdo a lo informado, tiene contratada a más de la mitad del personal del área que conduce Mariano Cúneo Libarona y administra más de 100 mil millones de pesos. El convenio data de la época de Raúl Alfonsín y se financia con el cobro de trámites de la compraventa de vehículos y de formularios de los registros del automotor.
Según se reveló, el ente le vende a registros de todo el país los formularios, cédulas, sellos, la emisión de chapas patentes, carpetas, hojas, placas y stickers al precio que fija el Ministerio de Justicia. Eso en lo que respecta al acuerdo con Nación, porque Acara también pudo avanzar en acuerdos con provincias y municipios para la administración de las bases de datos de infracciones, la interconexión online y el cobro que perciben los registros automotores.
Creado con el objetivo de resolver problemas con los trámites que debían hacer las personas ante los registros del automotor, el Ente terminó auspiciando una “millonaria caja” para la política, aseguran: “Es un agujero negro, nadie sabe bien en qué se gasta”, explican quienes están al tanto de los manejos del Ente, que también realiza contrataciones a cooperativas para la prestación de servicios, a universidades para el dictado de cursos, y a productores por seguros.
Además de los gastos de personal, Acara paga viáticos, servicios de consultoría, alquileres, compra bienes de consumo, afronta gastos bancarios y otras erogaciones de capital por montos millonarios. Todo esto sin más control ni rendición de cuentas que el accionar de una comisión fiscalizadora que depende del Ejecutivo.
“Sin Acara hoy el Ministerio no existe, no podría funcionar, pero lo vamos a desmontar”, reconocen cerca de Cúneo Libarona y advierten que sobre un total de 6.107 empleados, apenas 2.100 pertenecen a la planta del Sistema Nacional de Empleo Público. El resto se agrupan de la siguiente forma: 2.483 agentes (en marzo eran 3.042) bajo el régimen de Acara y poco más de mil por convenios con otros entes.
La polémica apunta también a los sobresueldos. Según el informe que publicó el diario Clarín, cuando asumió Javier Milei 113 agentes del Ministerio de Justicia de la gestión anterior cobraban un plus por “incentivos”, por un total de $71.933.344,52. En enero, ya durante la actual gestión, la nómina se redujo a 69 empleados, por un total de $32.544.168. Pero, en marzo, el número se mantenía estable: $59.402.600 repartidos en 70 agentes.
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Como se dijo, los fondos de este controvertido Ente surgen de lo que se recauda por cada venta de autos. Desde que asumió Milei, el 10 de diciembre de 2023, hasta febrero de 2024, los ingresos en este organismo representaron cerca de 14.000 millones de pesos y se estima que la cifra podría superar los 140 millones de dólares en el año.
“Estos entes como Acara no tienen razón de existir. Deberían estar dentro del presupuesto nacional y no por fuera. Ninguna gestión hizo nada, les faltó coraje”, denunció ante un matutino porteño el desplazado presidente de la entidad, Ricardo Salomé. El dueño de un grupo de concesionarias platense reveló además un dato: que el Ente “tiene 4.800 empleados” que paga Acara. Pero que trabajan en el ministerio de Justicia.
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