El Gobierno avanzó fuerte con límites sobre el derecho a huelga

La relación del gobierno de Javier Milei y la CGT se volvió a tensar ayer a partir de la publicación en el boletín oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 que, según la visión gremial, limita el derecho a huelga porque amplía las actividades consideradas esenciales. O sea, las que deberán garantizar, de manera obligatoria, un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto.

Según el nuevo decreto, se considerarán ahora servicios esenciales:

-El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.

LE PUEDE INTERESAR

Fracasó la sesión para otorgarle un aumento de urgencia a los jubilados

LE PUEDE INTERESAR

Disputa en el PJ: por qué se trabó el proyecto de reelecciones y cómo impacta

-La aeronáutica comercial y el control de tráfico portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios.

-Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior.

-El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.

-La producción, transporte y distribución de gas y otros combustibles.

Estos ítems se suman a los que ya eran incluidos bajo el concepto de “esenciales”, que ayer fueron enumerados con un mayor alcance: los servicios sanitarios y hospitalarios; transporte y distribución de medicamentos, insumos hospitalarios y servicios farmacéuticos; servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet; control de tráfico aéreo; producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable y energía eléctrica.

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, dice el artículo 3º del decreto de Milei. Precisa: “En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

Las modificaciones ya estaban en el mega DNU que fue suspendido por la Justicia

La medida, que se agarró de una serie de desregulaciones en el sector de la marina mercante, lleva además de la firma de Milei, las de los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).

Las modificaciones estaban previstas en el capítulo 4 del mega DNU 70/23, que fue suspendido en la Justicia con un fallo de segunda instancia y que está pendiente de una definición de la Corte Suprema. Fue cuando el Presidente intentó imponer una suerte de reforma laboral vía decreto, apenas diez días después de su asunción. Ese famoso capítulo 4º de aquel DNU incluía además cambios en los cálculos indemnizatorios y un avance contra la caja y el poder sindical vía obras sociales. Lo dicho: por ahora está suspendido hasta que se expida el máximo tribunal.

El sector aerocomercial, alcanzado por el nuevo DNU, tampoco podrá paralizar sus tareas / Web

LOS GREMIOS, EN ALERTA

Lo de ayer fue volver a la carga con el tema, enmarcado en la cuestión de la marina mercante. Al ampliar las actividades consideradas esenciales, esto es que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto, casi que no queda actividad exceptuada. Así, el mundo gremial entró en alerta: un derecho garantizado por la Constitución, como lo es del ejercicio de la huelga, está ahora en riesgo, advierten.

Se recuerda: aquel DNU 70/23 empujó a la CGT a activar su primer paro contra la gestión Milei. Fue el 24 de enero de 2024, cuando el Presidente llevaba apenas 45 días en el poder. Hoy, la primera reacción sindical fue de sorpresa. La segunda, de evaluación, con consultas entre los abogados gremiales, que prometen judicializar el nuevo decreto.

Ayer sobrevolaba en el mundo sindical un malestar con Julio Cordero, el secretario de Trabajo, amigo de muchos de los caciques, que les habría jurado que desconocía la letra chica de la medida. Detalle: no firmó el DNU.

El tema agarra a la CGT en conversaciones en torno al recambio de autoridades, previsto para noviembre. Jorge Sola, jefe del Sindicato del Seguro, sería quien hoy reúne la mayoría de las adhesiones para convertirse en único secretario general, marcando el adiós a la versión del triunvirato que la manejó hasta ahora. Será para observar su posicionamiento público en los próximos días.

Este episodio se suma al malestar por los intentos oficiales de limitar los aumentos salariales a 1 o 1,5 % como medida anti-inflacionaria. Lo que los gremios denominan “cepo salarial”. Que, básicamente, consiste en digitar las paritarias y decidir cuál se homologa y cuál no.

¿Puede derivar este decreto en el cuarto paro general contra la gestión de Milei? Difícil. En la dirigencia cegetista tomaron nota de dos fortalezas del Gobierno: la estabilidad económica y el apoyo conseguido en las urnas en las elecciones que van del año, en especial la de la Ciudad de Buenos Aires del último domingo.

Se suma al malestar por los intentos de limitar los aumentos salariales

No obstante, en la CGT ya venían detectando algunas falencias de la gestión mileísta: el deterioro salarial y la caída del empleo y de la actividad en sectores clave para el músculo productivo. Algunos datos: desde la asunción de Milei el sector de la construcción es el más afectado en cantidad de puestos de trabajo perdidos (-59.808); y solo tres sectores crearon empleo (comercio, agro y pesca). Los datos son del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a cifras oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El CEPA es un think tank ligado al peronismo.