Periodistas en peligro, como con Cristina

Reviste gravedad y debe ser prontamente esclarecida la denuncia del periodista platense Hugo Alconada Mon, en la que afirma haber sido víctima de “un ataque sistemático y coordinado” que incluyó múltiples intentos de acceder a sus cuentas de WhatsApp y de la red social X, además de insultos, advertencias telefónicas y otras agresiones digitales. El hecho, indicó, se produjo horas después de que publicara detalles sobre un plan de inteligencia del Estado.

El episodio se presenta en un oscuro y creciente contexto de presiones contra la actividad de los periodistas en nuestro país por las informaciones y opiniones que pueden emitir y está claro, entonces, que se habla de actos contrarios a la Constitución, a las leyes vigentes y al clima político de una nación con democracia, la que tanto costó recuperar en 1983. Un sistema que debe ser comprensivo de las diversas posturas ideológicas que se profesan y que se ensamblan para sostenerlo, tal como afortunadamente ocurre desde hace más de cuatro décadas. El principal aporte de la prensa independiente reside justamente en informar con plena libertad, muy especialmente sobre el manejo de las administraciones y de los recursos públicos.

Alconada Mon, escritor y periodista del diario La Nación, denunció públicamente haber sido blanco de amenazas y de un “ataque sistemático y coordinado” contra sus cuentas digitales. Según su relato, estos incidentes ocurrieron poco después de que su medio publicara un informe que revelaba información sobre el Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Además, según publicó el matutino porteño, el periodista recibió insultos y amenazas en su teléfono celular desde cuatro números telefónicos distintos, y hasta lo registraron con su nombre en sitios pornográficos.

Tras el lamentable episodio, desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Sociedad Interamericana de Periodismo (SIP) salieron a respaldar al periodista y expresaron su “absoluto repudio”, a la par que reclamaron a las autoridades nacionales que “llamen a la cordura a sus seguidores” y exigieron una investigación judicial “exhaustiva” de los hechos.

Cabe reseñar que en su artículo Alconada Mon había informado que la SIDE, cuyo jefe es Sergio Neiffert -con “fuerte injerencia” del asesor presidencial Santiago Caputo-, había habilitado un plan de inteligencia para “perseguir” a periodistas, economistas y otras personas que pudieran “influir en la opinión pública”. El Gobierno negó esta información en un comunicado, pero el periodista la reafirmó.

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A su vez, el periodista informó que “horas después de que revelamos en La Nación que la SIDE puso en la mira a periodistas y economistas, entre otros; hackers han intentado tomar el control de mis cuentas de WhatsApp (10 intentos) y de X (1 intento). Por ahora no lo han logrado”.

Una sana y primera interpretación pone a la vista que mientras el Gobierno nacional pregona la mayor libertad y la mayor incidencia posible del sector privado como principios rectores de esta etapa institucional, resultan incongruentes algunas medidas que pretende impulsar como, por ejemplo, la de “examinar” desde el Estado la idoneidad de quienes puedan ser o no corresponsables ante la Casa de Gobierno, entre otras acciones que son de responsabilidad excluyente de los medios periodísticos.

No del Estado. No se trata de controlar ningún eventual “relato”, sino tan solo de impedir los desbordes de los organismos y funcionarios públicos, en quienes, básicamente, descansa la obligación y el deber de que sean respetadas las leyes y las sagradas normas de la Constitución.

En cuanto al fondo del asunto, se ha dicho siempre en esta columna que el sistema constitucional y legal argentino prevé las formas de actuar cuando puedan cometerse delitos a través de la prensa. La vía judicial se encuentra abierta para ello. Lamentablemente no son pocas las ocasiones en las que se ha elegido la vía directa del hostigamiento, del escrache y de las amenazas contra los periodistas, lo cual conforma básicamente un grave retroceso hacia formas autoritarias. En estos casos, sí que corresponde que intervenga el Estado, para sancionar a los responsables de toda amenaza, coerción o acción delictiva contra la libertad de expresión que se pueda comprobar judicial y administrativamente.