Empresas locales en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

El sector industrial atraviesa horas difíciles en la región: una de las compañías más arraigadas a Hernández, con más de dos décadas de producción, cerró sus puertas. En paralelo una Pyme de insumos médicos de Tolosa con más de 30 años de historia, aún no sabe cómo afrontará los salarios del mes de marzo de sus empleados.

Los casos se conocieron en las últimas horas, en un escenario que se señala adverso. En particular para la actividad industrial. Así lo planteó la Unión Industrial del Gran La Plata.

El primero de los casos es el de Socolor S.A, compañía familiar que desde hace más de 20 años se dedica a la fabricación de chapas para electrodomésticos de línea blanca e iluminación.

“Luego de más de 20 años en el mercado y de haber atravesado buenos y males momentos, hemos tomado la decisión de cerrar las puertas de nuestra empresa. Es el fin de un ciclo y de una experiencia única de haber sido industrial. Agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado en cada momento y les deseamos muchos éxitos en el presente y en el futuro”, informaron desde la empresa fundada por Salvador Nicolicchia en 2003.

Este diario quiso comunicarse con algún miembro del directorio, pero prefirieron no hablar mientras llevan adelante los trámites necesarios para ponerle fin al negocio familiar.

La empresa abrió en 2003 con una decena de 10 empleados. En 2009 registró uno de los puntos máximos de producción con tres turnos de trabajo en los que llegó a emplear a más de 30 personas. En 2011 se enfrentó a uno de los primeros traspiés: por un cambio en el sistema de declaraciones juradas le retuvieron 60 toneladas de aluminio en el puerto durante 8 meses. Tiempo en el que vieron afectada su producción, redujeron a la mitad el personal y los dueños tuvieron que invertir su patrimonio para no cerrar.

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En 2017, con la empresa concursada, la familia Nicolicchia sufrió la retención de ingresos brutos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según explicó el propio Salvador en ese momento “fue una retención indebida”. Con el funcionamiento de la fábrica afectado, el empresario advirtió: “20 familias podrían ser afectadas por la inactividad de la empresa. Estamos con una parálisis importante, sin facturar y en una situación preocupante porque somos una empresa recién concursada y debemos afrontar compromisos”.

Finalmente, tras sobreponerse a esos momentos, la familia Nicolicchia decidió cerrar sus puertas este año.

La situación de Electrónica Médica La Plata SRL, compañía que brinda servicios de instalación y mantenimiento de equipos de Rayos X, aún no llegó a ese extremo pero preocupa a sus dueños. Según explicó el gerente general, Oscar Vercillo, no tienen la espalda suficiente para afrontar el pago de haberes del mes de marzo.

La compañía cuenta con 10 empleados en relación de dependencia, colaboradores que facturan y un equipo directivo. En total, una veintena de familias que viven de eso.

“La empresa la hicimos de cero en 1988 con mi socio. En 1993 nos hicimos proveedores de la Provincia para poder brindar servicios sobre los equipos de los hospitales públicos. Nuestro primer cliente fue el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Hoy atendemos casi 40 hospitales de toda la provincia”, relató Vercillo.

Los problemas, contó, comenzaron cuando desde el Ministerio de Salud de la provincia comenzaron a pagarle por “goteo”, dijo. “Salud es nuestro principal cliente. Históricamente, venía pagando muy mal, pero hace meses dejó de pagar definitivamente”, denunció. Vercillo apuntó que en más de cuatro décadas de funcionamiento logró constituir ahorros y sumar propiedades, pero gastaron todo para cubrir los sueldos y las obligaciones impositivas. “Ya no tenemos liquidez para hacer frente a los próximos sueldos de principios de marzo”, remarcó.

“Salud venía ‘goteando’ el pago desde el año pasado. En los últimos seis meses habremos cobrado sólo un mes de facturación y este año nada”, apuntó y añadió: “No sabemos cuánto dinero nos deben porque es dinámico. Presentamos una factura y empieza un circuito de decenas de oficinas hasta que llega a la Tesorería General y ahí deberían pagar. Calculemos que en toda la cadena son unos 1.000 millones de pesos. Para nosotros es muchísimo”.

Ante esto, Vercillo expresó que acudieron a la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado (Femape), entidad que los representa, pero solo se limitaron “a mandar notas”.

“El Director General de Administración de Salud ya no me atiende o no está en el lugar”, describió la falta de respuesta.