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La diputada pidió al juez Bonadio que intervenga las empresas vinculadas a su familia y también la obra social de Camioneros
La diputada Graciela Ocaña ayer, al salir de tribunales tras presentar la denuncia contra Moyano/télam
Por MARIANO SPEZZAPRIA
En medio de la pelea entre el presidente Mauricio Macri y Hugo Moyano, la diputada Graciela Ocaña amplió ayer su denuncia contra el jefe sindical por un presunto desvío de fondos entre la obra social de los Camioneros y un grupo de empresas dirigidas por familiares de Moyano, entre ellos su mujer Liliana Zulet. La presentación recayó en el juzgado federal de Claudio Bonadio.
En el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, Ocaña entregó personalmente el escrito en el que sugirió al juez Bonadio que “designe un veedor y/o interventor judicial en todas las empresas, a los fines de que no puedan obstaculizar la investigación”. También reclamó que se intervenga la obra social de Camioneros por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El argumento que utilizó la diputada de Cambiemos para ampliar sus denuncias originales contra el clan Moyano, que datan de 2009 y 2011, es que ahora consiguió nueva información proveniente de la Inspección General de Justicia (IGJ), como los balances de la obra social de Camioneros y también de las sociedades Iarai S.A, Dixei S.A, Organización de Seguridad Las Marías y Aconra S.A.
Todas esas empresas figuran a nombre de personas de confianza de Moyano. La firma Iarai, por caso, es la que gerencia la obra social del sindicato y “recibe fondos de los aportes obligatorios por ley realizados por empleadores y trabajadores del sector camionero, así como de prestaciones reintegradas por la Administración de Programas Especiales (APE)”, afirmó Ocaña en la denuncia.
En la presentación, a la que pudo acceder EL DIA, la legisladora explicó que a esa firma también se destinan “los fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.S.)”, que reciben todos los sindicatos para financiar sus obras sociales. Ocaña sostuvo que Iarai S.A es una “gerenciadora” que absorbe esos fondos y “realiza una intermediación parasitaria que serviría para lavar dinero”.
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Según precisó la diputada que encabezó la lista bonaerense de Cambiemos en 2017, el objetivo de esa gerenciadora no sería otro que el de “pasar fondos a la familia Moyano”. En la misma línea, indicó que “la sociedad se creó en 2004 con un capital inicial de sólo $15.000, sin antecedentes comerciales y a partir de 2005 se produjo el milagro con la firma del contrato con Camioneros”.
“Mientras la obra social es mal administrada, las empresas de los Moyano presentan ganancias de más de 30 millones de pesos y propiedades en Parque Leloir”, aseguró Ocaña en declaraciones que hizo tras radicar la ampliación de la denuncia en los tribunales de Comodoro Py. De esa forma se refirió a la conocida casona familiar de los Moyano, que fue adquirida por la firma Aconra S.A.
Sobre Dixey S.A, en tanto, Ocaña afirmó que su “única actividad comercial conocida fue la compra de tres inmuebles en la zona de Parque Leloir (partido de Ituzaingó), que suman 7001,09 metros cuadrados, con domicilio en la calle Baqueanos 860 y lotes aledaños”. La diputada ironizó: “En esta dirección ¡oh casualidad! ha fijado su domicilio particular la señora Liliana Zulet de Moyano”.
Las propiedades que, según Ocaña, adquirieron los Moyano a partir de este entramado de empresas, sería un aspecto clave de la investigación judicial (ver recuadro aparte) que tiene a su cargo el juez Bonadio. Pero además de los inmuebles, las firmas Iarai, Dixey y Aconra declararon ganancias “por más de 35 millones de pesos en menos de 10 años de actividad”, estimó Ocaña.
“Esto pone en evidencia el desvío de fondos pertenecientes a la obra social de Camioneros, al sindicato y a la mutual, todas ellas administradas por Hugo Moyano, en favor de un entramado de sociedades pertenecientes a su familia”, dijo Ocaña. Y agregó que “hace cuatro años que la obra social viene presentando pérdidas, lo que contrasta con el fulgurante éxito del holding Moyano”.
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