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El convenio paritario, los costos de los insumos y las tarifas de los servicios entre los componentes de una incipiente crisis
Después de varios meses con sus balances en la cornisa, tironeados entre ingresos que se desaceleran y gastos que paulatinamente se hacen más abultados, las clínicas platenses -aseguran sus directivos- están empezando a ver cómo todos su números empiezan a quedar en rojo. En estado de alerta por esta situación, representantes de los centro de salud privados advirtieron que si no se resuelven en el corto plazo, los desfasajes financieros pondrán en peligro miles de puestos de trabajo y la estabilidad del todo el sistema sanitario provincial.
“Sin clínicas privadas, la salud pública colapsaría” sentencia Andrés Marensi, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Buenos Aires Federadas (ACLIFE), que nuclea a las cuatro filiales regionales de ACLIBA: “necesitamos equilibrar las cuentas, y para eso es necesario acordar con algunas obras sociales ingresos acordes”.
Al no contar con prepagas propias que les aporten un caudal “cautivo” de afiliados, las clínicas son “ioma-dependientes” o “pami-dependientes”; en materia de facturación, las prepagas no les aportan más que el 8 o 9 por ciento. “IOMA nos acaba de reconocer un 15 por ciento de aumento para las prestaciones (del que un siete se percibirá a partir de junio y el resto desde septiembre)” precisa Marensi, “y hay que tener en cuenta que desde octubre de 2017 los valores estuvieron planchados, con lo que arrastramos un atraso en todo bastante importante al que mes a mes se agregan nuevos factores”.
Uno de esos factores es el flamante acuerdo paritario firmado por los representantes de las clínicas con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que prevé un aumento escalonado del 27,5 por ciento: sus beneficiarios cobrarán un diez por ciento en julio, cinco en agosto, tendrán una pausa en septiembre -cuando de todos modos se les pagará una suma fija de $1.300 por el Día de la Sanidad-, sumaran cinco por ciento más en octubre y cinco en noviembre, para cerrar con un 2,5% final en febrero. Todo esto sujeto a lo que pueda surgir de una cláusula de revisión.
Teniendo en cuenta que los gastos en personal promedian, según se estima, un 60 por ciento de las erogaciones de los sanatorios privados, el escenario es cuanto menos incierto. “Además del convenio paritario tenemos que considerar el aumento que afrontamos en los insumos de todo tipo, de los que el 80 por ciento es importado; jeringas y guantes no se fabrican en Argentina, por ejemplo” enumera Marensi: “están más caros los equipos, las reparaciones, las tarifas eléctricas y de gas, los medicamentos, e incluso la disposición final de los residuos patogénicos”.
“Tenemos miedo de que en cualquier momento las clínicas más chicas se vean obligadas a empezar a desprenderse de personal” evaluó el dirigente: “por ahora se frenó la contratación de nuevos empleados y la inversión en equipos, así como cualquier expansión en infraestructura, y siete de cada diez sanatorios ya están comprendidos en un esquema de “emergencia sanitaria” por el que la AFIP permite temporariamente no afectar fondos al pago de contribuciones patronales, lo que implica un alivio para las cuentas de hoy pero una deuda creciente para saldar en el futuro”.
Con más de treinta clínicas privadas en la Ciudad, una por cada diez que existen en la Provincia, y uno 70 mil empleados, el panorama pinta turbulento. “Vamos a juntarnos entre nosotros la próxima semana, y luego volveremos a la mesa de diálogo con las autoridades de IOMA, además de pedir audiencia con el ministro Lacunza” adelantó Marensi: “existe el consenso de que la inflación anual no va a bajar del treinta por ciento, y si no podemos pasar del quince a la hora de mejorar nuestros ingresos, estamos ante un callejón sin salida”.
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