A pesar de los repetidos incidentes con activistas de la Uocra que tuvieron lugar la semana pasada, la empresa YPF confirmó ayer que hoy volverá a abrir la puerta 4 de la destilería para el ingreso de los obreros afectados a los trabajos de cogeneración eléctrica que ejecuta la contratista AESA.

El inicio de la semana se da en medio de incertidumbre por saber si podrá o no volver la normalidad a la planta petroquímica, luego de que una serie de obras en el predio se mantuviesen 26 días paralizadas, a causa de las violentas pujas de poder de sectores internos de la Uocra que hasta el fin de semana mantenía tres detenidos como resultado de los incidentes del viernes.

La empresa confirmó a EL DÍA que se sostendrá el despliegue de efectivos policiales y personal de seguridad tanto en las inmediaciones como en el interior de la planta, donde al inicio de este conflicto, el 26 de agosto pasado, ocurrieron fuertes desmanes que, según indicaron, fueron el motivo para despedir a 34 obreros y suspender a otros 70, que se encuentran en situación de “bloqueo” para el ingreso a la destilería, lo que fue motivo de los últimos incidentes y choques con la policía.

Con esta tensión como telón de fondo, representantes de YPF y de la intervención gremial en la filial local volverán a reunirse el miércoles en el ámbito del ministerio de Trabajo de la Provincia para abordar “caso por caso” la situación de esos obreros.

Hasta el viernes, lo concreto era que de 720 trabajadores afectados a las obras de cogeneración eléctrica que se llevan a cabo en el lugar sólo habían ingresado 350, es decir, la mitad del plantel asignado inicialmente.

Con presentaciones judiciales de trabajadores que denunciaron que “patotas vinculadas a la facción que reivindica al (ex líder sindical) Juan Pablo “Pata” Medina los golpearon y no les permitieron el acceso a sus puestos de trabajo”, así como críticas de trabajadores a la “falta de acción por parte de la intervención gremial”, a cargo de Carlos Vergara, en Ensenada el clima es de alerta permanente, es decir, sin garantías de paz social.

Como viene publicando este diario, el conflicto que lleva casi un mes surgió a causa de un reclamo por unos 50 haberes mal liquidados, que fue escalando en una huelga no respaldada por la intervención de la organización sindical y que devino en cruces violentos y el ataque al edificio del ministerio de Trabajo, en la avenida 7 y 39.

El ministro Marcelo Villegas atribuyó el viernes lo ocurrido a “violentos que pretenden reeditar viejas prácticas mafiosas” y que desde su gobierno siguen “con el compromiso asumido en 2015: luchas contra las mafias”.