Un viejo reclamo impositivo

EFE

No es un preso político, un pacifista o un activista. En Bruselas, se encarga de negociar el presupuesto comunitario para 2021, con un ojo en las áridas conversaciones que estos días deciden las cuentas entre 2021 y 2027 y el fondo de recuperación tras la pandemia.

Y está en huelga de hambre.

Es Pierre Larrouturou, un eurodiputado socialista francés que se define a sí mismo como un ciudadano comprometido y un padre de familia, y por eso afirma que “su conciencia” no le permite aceptar un presupuesto en el que no haya un refuerzo especial de los capítulos de clima, sanidad y empleo ante el panorama actual por la pandemia.

“Hago una huelga de hambre para presionar e interpelar a los ciudadanos. Todo el mundo está pendiente de la COVID-19, pero lo que está sucediendo en Bruselas es muy importante. Lo que se está negociando es para los próximos siete años”, explica en el pasillo de la Eurocámara en el que ha montado campamento para contar sus demandas.

Su reclamo, en concreto, es una tasa a las transacciones financieras. “Usted y yo, cuando hacemos la compra, pagamos IVA. ¿Por qué los mercados financieros nunca pagan el más mínimo impuesto?”, cuestiona Larrouturou.

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Su propuesta no es nueva: la Comisión Europea propuso formalmente en 2011 por primera vez gravar con un 0,1 por ciento las transacciones con acciones y bonos, participaciones de fondos de inversión colectiva, acuerdos de recompra y de préstamo de valores e instrumentos del mercado monetario, y con un 0,01 por cientolas operaciones con derivados.

Aunque varios países europeos, entre ellos España, iniciaron entonces una cooperación reforzada para poner en marcha una tasa en este sentido, la propuesta nunca llegó a buen puerto a nivel de toda la UE.

Ni un euro más

El diputado francés calcula que esta tasa podría reportar al presupuesto europeo más de 50.000 millones de euros al año, suficiente para devolver el plan de recuperación “sin pedir ni un euro más de los presupuestos nacionales y sus contribuyentes” y para emprender las necesarias inversiones en clima, sanidad o empleo.

Los llamados recursos propios son uno de los capítulos, si bien no el más espinoso, sobre la mesa en las negociaciones del mastodóntico plan de recuperación europeo tras la pandemia, que incluye 1,074 billones de euros de presupuesto entre 2021-2027 y un fondo de recuperación de 750.000 millones.

Estas cuentas las negocian la presidencia del Consejo, que este semestre ostenta Alemania, y el Parlamento Europeo, y ambos han mostrado públicamente sus diferencias sobre la necesidad de incrementar las cifras consensuadas por los Veintisiete en la histórica cumbre del mes de julio, en la que costó cuatro días llegar a un pacto.

Los Estados miembros rechazan de plano “abrir la caja de Pandora” y retocar aquel delicado acuerdo, pero el Parlamento se niega a aceptar el paquete presupuestario, según les ha llegado, y exige aumentos en partidas concretas, como la investigación o la digitalización, antes de darles luz verde.

Los eurodiputados asumen que será imposible contar con dinero fresco por el rechazo de los países, pero plantean alternativas como sacar de este techo unos 13.000 millones presupuestados para pagar intereses del fondo de recuperación, de partidas no utilizadas a medio plazo y de aprovechar la flexibilidad en el uso de algunos instrumentos financieros.

La presidencia alemana calcula que este sistema arrojaría en realidad un incremento de 90.000 millones de euros y afirma que el paquete de 1,8 billones ya supera con creces las demandas parlamentarias previas a la pandemia.

De ambas partes vuelan las acusaciones, y este mismo miércoles el portavoz de la presidencia alemana respondía duramente en Twitter a un mensaje en el que el Parlamento aseguraba que su equipo negociador había presentado una nueva propuesta en busca del consenso.

“¿Asistimos a diferentes negociaciones? No ha habido ni una nueva propuesta sobre la mesa ni un intento de avance”, replicaba el portavoz de la presidencia alemana de la UE.

MÁS ACERCAMIENTOS EN EL MECANISMO DE ESTADO DE DERECHO

Más conciliadoras se muestran ambas partes en el mecanismo que permitiría vincular por primera vez la entrega de fondos europeos al cumplimiento de los valores del Estado de derecho, que Consejo y Parlamento están negociando de manera paralela al presupuesto.

La última ronda de negociación de este capítulo, celebrada ayer jueves, dejó a punto de caramelo este mecanismo y las negociaciones podrían finalizarse la próxima semana.

Está, eso sí, por ver si el mecanismo resultante convence en Budapest y Varsovia, cuyos gobiernos se oponen frontalmente a que desde Bruselas se vigile el cumplimiento de áreas como la independencia judicial y que ya tienen varios expedientes abiertos por no respetar valores recogidos en los tratados comunitarios.

No obstante, el Parlamento condiciona el acuerdo global sobre presupuesto a que exista este mecanismo y defiende una fórmula más estricta que la que hasta ahora ha planteado Alemania en nombre de los Veintisiete.

Aunque hubiese un acuerdo sobre este mecanismo, habrá que contener el aliento hasta el último minuto, ya que si Hungría y Polonia no están conformes con el resultado pueden secuestrar la aprobación del conjunto del paquete.

Esto se debe a que sus parlamentos nacionales tienen que ratificar la decisión de aumentar los recursos propios del presupuesto que generará el margen fiscal para que la Comisión Europea emita deuda en los mercados, y pueden guardarse esta carta en la manga para arrancar concesiones que les favorezcan en el área del Estado de derecho.