Odontólogos platenses le piden al IOMA un aumento de honorarios

Los matriculados del Colegio de Odontólogos de La Plata pidieron al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) que deje de “perseguirlos, sancionarlos y amenazarlos” y solicitaron que aumente los aranceles que abona al sector, porque “están por debajo de los mínimos establecidos”. Aseguran que reciben 300 pesos por cada consulta a los afiliados al Instituto, cuando el piso debe estar en 847 pesos, según cálculos estimados por el Consejo Superior del Colegio de Odontólogos provincial (cosucoba).

Este diario consultó a IOMA, pero en la obra social optaron por no decir nada al respecto.

EL PLANTEO

“IOMA amenaza con sanciones si un profesional cobra un diferencial al afiliado para equiparar nuestros ingresos, porque lo que paga la obra social no cubre los costos. Ante esa situación, pedimos a la obra social que deje de perseguirnos y eleve los valores de las prestaciones, impuestos de manera arbitraria, ilegal y anacrónica”, indicó la titular del colegio profesional local, Natalia Weiler.

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La entidad profesional reúne a 2.800 odontólogos (de los cuales 2.100 son de La Plata) quienes presentan periódicamente sus prestaciones realizadas a los afiliados a IOMA ante dos entidades intermedias –según a la que esté agremiado-: la Sociedad Odontológica de La Plata y la Agremiación Odontológica de La Plata, Berisso y Ensenada. Ambas son las que firman los convenios de cobro con la obra social.

“No sabemos cuánto paga IOMA a las dos gremiales, porque todas las partes que acuerdan los valores no registran los contratos ante el colegio profesional. Si sabemos es cuánto recibimos cuando cobramos por cada prestación a los afiliados a la obra social bonaerense. Y es muy poco, muy por debajo de lo mínimo estipulado, por lo tanto es considerado ilegal, inaplicable y nocivo para la salud pública”, agregó Weiler, quien concluyó que la situación se “agrava en un contexto de emergencia sanitaria”, desatada por el COVID-19.

Desde el colegio de Odontólogos local emitieron un comunicado en el que solicitan “el cumplimiento de la ley 12754 y normas reglamentarias, que exigen, entre otros aspectos, el registro de los contratos prestacionales. Decimos basta a esta situación de precarización y no vamos a permitir que se siga exponiendo a los profesionales y a la comunidad debido a los magros aranceles”.