Decisión extraviada y atentatoria de la libertad contra un diario venezolano

La millonaria multa al diario venezolano El Nacional que le impuso la Justicia del régimen de Nicolás Maduro, al ordenar el pago de más de 12 millones de dólares como indemnización por daño moral contra Diosdado Cabello, luego de que el periódico replicara el trabajo de un periódico español en el que se señalaba al líder chavista como vinculado a negocios del narcotráfico, constituye otro paso demostrativo de las violaciones a la libertad de prensa y de la postura contraria del actual gobierno de Venezuela a la existencia de voces independientes.

En las últimas jornadas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como un “grave atropello” a la libertad de prensa y “aberración judicial” la decisión que obliga al diario venezolano El Nacional a pagar una indemnización millonaria a Cabello, primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que no sorprendía esta “nueva estocada contra la libertad” en Venezuela, un país donde, aseguró, no existe independencia institucional, el poder Judicial está sometido al poder político, y el régimen continúa con su campaña “sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con vida”.

Cabello había presentado una demanda contra los medios venezolanos El Nacional, Tal Cual y La Patilla por haber reproducido un artículo del diario español ABC en el que, con el testimonio de ex custodios, se le denunciaban vínculos con el narcotráfico. “Ya basta de que usen los medios de comunicación para destrozarle la vida a quien no les caiga bien y como medio de chantaje. ¡Que se haga justicia!”, pidió en aquel momento Cabello.

Tal como se consignó, en diciembre de 2019 el líder chavista volvió a formular declaraciones contrarias a El Nacional. Y afirmó que sería como nuevo dueño del periódico y que convertiría la sede en una universidad de la comunicación. “El Nacional tiene un edificio sede extraordinario para una universidad. Apenas tenga la sentencia, me dicen dónde firmar para entregar el edificio para la Universidad Internacional de la Comunicación que anunció nuestro presidente Nicolás Maduro”, manifestó. Corresponde señalar que el monto fijado por la Justicia es muy elevado.

Lo cierto es que numerosas entidades periodísticas condenaron el fallo, entre ellas la SIP, que respaldaron al directorio y a los trabajadores del diario ante las amenazas recibidas en estos meses. “Esta sentencia no se trata de la expropiación de un medio de comunicación, sino directamente de una expoliación, del uso de la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación”, expresaron desde esas instituciones.

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Corresponde consignar que El Nacional, fundado en 1943, es un medio prestigioso que surgió en su momento con importantes innovaciones y siempre se caracterizó por la defensa del sistema democrático y por lo tanto con la libertad de expresión como pueden atestiguarlo los muchos argentinos que escaparon de la dictadura militar y se refugiaron en Venezuela. En sus páginas escribieron los columnistas y escritores venezolanos más reconocidos. De hecho, Arturo Uslar Pietri, uno de los intelectuales más importantes de Venezuela, tuvo durante más de cincuenta años una columna de opinión en el diario y fue su director.

La falta de independencia judicial -característica esencial en todos los regímenes autocráticos- y los intereses políticos que amañan los fallos fueron, en este caso, el método elegido para agredir a una voz independiente. Se sabe que las agresiones físicas como las perpetradas por paramilitares de Maduro a periodistas en inmediaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, entre otras muestras anteriores de degradación y extravío que se usaron desde el chavismo, para cooptar, intimidar, agredir, censurar y realizar atentados, llegándose a la compra coercitiva de medios y, por fin, a su destrucción casi total, forman parte de los reiterados intentos del actual gobierno venezolano por acallar las opiniones que no sean absolutamente coincidentes con las del Gobierno.