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El tribunal que la juzgó comprobó que pagó gastos personales y familiares con fondos públicos. No podrá ejercer más cargos
La exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti fue condenada ayer a tres años de prisión de “ejecución condicional” y a restituir al Estado casi 7 millones de pesos por haber cometido el delito de defraudación en contra de la administración nacional, al haber pagado gastos familiares y personales con fondos públicos.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 dispuso, además, que recaerá sobre la exfuncionaria la “inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de empleos o funciones públicas” y deberá afrontar “el pago de las costas del proceso”.
Durante el tiempo que dura la condena, Picolotti deberá cumplir las reglas de conducta establecidas en el art. 27 “bis” inciso 1º del Código Penal, consistentes en fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato u otro organismo equiparable de control.
Pasadas las 16, la jueza que encabezó el TOF 6 para este juicio, Sabrina Namer, leyó el veredicto, que el punto 5 de la parte resolutiva incluía la disposición para que Picolotti “restituya al Estado Nacional, más precisamente al actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el monto del perjuicio ocasionado a la administración pública (...), el cual actualizado al día de la fecha asciende a la suma de seis millones novecientos cuarenta y un mil ciento setenta pesos ($6.941.170)”.
Ese monto será ajustado al momento en que la condena adquiera firmeza, bajo las pautas y fórmulas utilizadas por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, según indicó el tribunal.
La lectura del veredicto, como todo el juicio que duró 6 meses, se realizó a través de la plataforma virtual zoom y la exfuncionaria lo siguió desde Miami (Estados Unidos), donde se encuentra radicada; mientras que los fundamentos de la condena se darán a conocer en otra audiencia que fue fijada para el 25 de noviembre a las 16.
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El tribunal le fijó, en ese sentido, la obligación de presentarse en forma mensual, dentro de los primeros cinco días de cada mes, ante el Consulado de la República Argentina en Miami, Estado de Florida y también de informar cualquier cambio de domicilio y requerir autorización en caso de viaje a otro país.
Por la mañana, Picolotti había reiterado su pedido de absolución porque, según dijo, no cometió ningún delito y se lamentó porque “el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados” en el juicio que la tuvo en el banquillo de los acusados.
La fiscalía, a cargo de Diego Luciani, había reclamado que la exsecretaria de Estado fuera condenada a 3 años y 9 meses de prisión, un monto de pena que de haber prosperado hubiera sido de cumplimiento efectivo y no en suspenso como en este caso.
En el marco de su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, el representante del Ministerio Público enumeró que el dinero habría sido gastado en pasajes de avión para amigos y familiares de la exfuncionaria, en almuerzos diarios, en sushi, flores y regalos para miembros de su familia.
Picolotti fue funcionaria pública desde 2006 -asumió en la presidencia de Néstor Kirchner- y continuó en el cargo hasta 2008 -con Cristina Kirchner a cargo del Ejecutivo- y en 2015 se radicó en Estados Unidos.
Al juicio oral llegó procesada por los supuestos delitos de “defraudación en perjuicio de la administración pública” en una causa que tramitó en el juzgado federal de María Servini y que investigó el presunto uso de fondos públicos para gastos particulares.
Picolotti es abogada especializada en derecho ambiental y fundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y feroz crítica del modelo extractivista de minerales en la Argentina.
La primera vez que fue procesada lo hizo la jueza federal María Servini de Cubría por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al considerar que entre 2006 y 2008 utilizó fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para gastos personales, como regalos de lujo y vuelos en aviones privados para su desplazamiento entre distintas provincias.
Además, la exfuncionaria fue denunciada por otras presuntas irregularidades en su gestión al frente de la Secretaría de Ambiente.
Una de ellas fue en junio de 2008 cuando se produjo una masiva quema de pastizales en la zona sur de Entre Ríos y el humo se instaló durante varios días en la ciudad de Buenos Aires. Picolotti no había previsto el uso de aviones para combatir fuego durante ese mes y el incendio quedó fuera de control.
También su gestión estaba al mando del saneamiento del Riachuelo, que como otros exfuncionarios no pudo cumplir.
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