Audiencia por el gas: piden subas superiores al 100%

Las empresas distribuidoras de gas natural por redes elevaron pedidos de actualización tarifaria de hasta el 119 por ciento para la revisión tarifaria que se realizará en la Audiencia Pública convocada para el 19 de enero próximo. En cambio el Gobierno, que pretende aplicar los incrementos en la primera semana de marzo, prevé una suba promedio no mayor al 20 por ciento.

De acuerdo a lo que trascendió, los pedidos de aumentos elevados por las compañías al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oscilan entre el 76 y el 119 por ciento para compensar la inflación de los últimos dos años. Pero como los segmentos de distribución y transporte explican entre los dos un 35 por ciento del precio total de la boleta de gas, el impacto en la tarifa final sería de hasta un 30 por ciento.

El costo de transporte es el de menor relevancia, de alrededor del 12 por ciento, mientras que el gas en boca de pozo representa el 32 por ciento, el margen de distribución el 31 por ciento y los impuestos el 25 por ciento.

Las empresas distribuidoras como Camuzzi tuvieron en abril pasado un alza en torno al 26 por ciento, pero cuyo impacto en las tarifas rondó el 8 por ciento. Una suba que para las empresas está muy por debajo de una inflación que en dos años de tarifas congeladas acumuló más del 100 por ciento.

En ese sentido, Camuzzi, considerada la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, debido a que cubre el 45 por ciento de la superficie del país en dos regiones contiguas desde la Patagonia a Buenos Aires, ya presentó dos opciones de actualización de entre el 79 y el 119 por ciento.

Metrogas, la más grande de las distribuidoras en cantidad de clientes, planteó que “la propuesta de incremento transitorio basado únicamente en la inflación de 2021 y la esperada para 2022, arroja como resultado un incremento en la Tarifa de Distribución del 76,23 por ciento”. La compañía, en la que YPF tiene el 70% del poder accionario, reclamó la culminación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) al señalar que “ la operabilidad del sistema no es sostenible si se la pretende llevar adelante a base de endeudamiento financiero o de capital sin un retorno medianamente asegurable, como tampoco lo es a base de endeudamiento comercial con los proveedores”.

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Por su parte, Naturgy -que es la segunda distribuidora en nivel de importancia del país-, consideró necesario “un incremento del 82,9 por ciento de los ingresos requeridos de la tarifa de distribución”, pero también señaló que “en un contexto de alta inflación es imprescindible prever la incorporación de un ajuste intermedio en octubre de 2022”.

Muy lejos de estas pretensiones, la semana pasada el secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó que las tarifas de gas y electricidad llegarán con aumentos promedio del 20 por ciento para todos los usuaruios. “En nuestro gobierno, las correcciones tarifarias siempre serán menores que los aumentos de los salarios de las y los trabajadores, de las jubilaciones, de la AUH y las asignaciones familiares”, advirtió desde su cuenta de Twitter el funcionario, que además ratificó que desde este año comenzará a aplicarse la segmentación tarifaria. Una medida que, se presume, implicará que los usuarios con mayor capacidad de pago deberán afrontar un porcentaje mayor del costo del servicio.

Sin embargo, el Gobierno no ha informado aún cuáles serán los parámetros que se emplearán para poner en marcha dicha segmentación tarifaria. Tampoco se conoce cuánto ahorrará el Estado en subsidios con el incremento proyectado del 20 por ciento.

En la actualidad, los usuarios cubren con sus boletas cerca del 55 por ciento del valor de la producción de gas, mientras que el Estado aporta el resto con subsidios. Y para este año se espera que el congelamiento tarifario le cueste al Estado alrededor de US$10.000 millones, lo que equivaldría a más de 2,2 por ciento del PBI. En plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno apunta a achicar ese gasto.

En ese camino se inscribe la nueva revisión tarifaria que el Gobierno discutirá con las distribuidoras del gas en la audiencia pública que tendrá lugar en 9 días. Al frente de ese debate estará el interventor del Enargas, Federico Bernal, protagonista de una sonada interna con el ministerio de Economía que condude Martín Guzmán y desde donde se llamó a otra audiencia, pero para analizar los valores mayoristas del suminitro, para el 31 de enero.