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El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner por el caso Cuadernos comenzó hoy de manera remota con la lectura de la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y cohecho ante el Tribunal Oral Federal 7.
La ex mandataria se conectó vía Zoom y fue obligada por los jueces a mostrarse en cámara.
“Se da inicio a este juicio oral y público” anunció el presidente del tribunal, Enrique Médez Signori, luego de haber comprobado la presencia en el megazoom de los 87 acusados, sus abogados, la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Comenzó así la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio del fiscal que instruyó el caso, Carlos Stornelli: llegaron a enumerarle a la ex presidenta 40 de los casos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios de los que la acusación la considera coautora en su carácter de beneficiaria final.
Los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se conectaron desde una sala de audiencias del Palacio de Justicia en Talcahuano 550, donde ese tribunal tiene su sede y donde minutos antes permitieron el acceso de reporteros gráficos para tomar imágenes.
Con todas las partes ya en el Zoom, se inició la lectura interrumpida a los pocos minutos por el juez Méndez Signori porque no todos los acusados se dejaban ver ante las cámaras, uno de ellos Cristina Kirchner.
“Advierto que no todos los imputados aparecen en cámara. El Tribunal debe velar por la presencia de todos, les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan y arbitren las medidas necesarias para que yo los pueda ver”, expresó el juez.
Entonces la ex presidenta se mostró en la imagen junto a su abogado Carlos Beraldi desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario de seis años por administración fraudulenta en el caso Vialidad.
La secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, comenzó la lectura del requerimiento que narra cómo se inició la causa y el detalle de acusaciones a la ex presidenta como coautora en relación a, por lo menos, 40 hechos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios a entonces funcionarios de su gobierno como Roberto Baratta y José López, también juzgados en un total de 87 acusados.
A lo largo de la jornada se escucharon los cargos que pesan contra los acusados en la causa principal, la 9608 abierta en 2018, cuando el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó medidas en base al dictamen de impulso de la investigación resuelto por Stornelli.
En ese juzgado tramitaba la causa por delitos con la compra de gas licuado en el kirchnerismo y había declarado Hilda Horowitz, la ex esposa del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos, y quien se presentó para decir que tenía información.
Según la acusación, Centeno, temeroso de ser allanado, entregó a un amigo, Jorge Bacigalupo, una caja de cartón con los ocho cuadernos y otros documentos, todo lo cual recibió de manos de este último el periodista Diego Cabot a principios de 2018, según la causa judicial.
El periodista llevó la evidencia a Comodoro Py en el marco de esta causa ya abierta y Bonadio resolvió iniciar una nueva investigación.
Todo eso se repasó en la lectura de la acusación trasmitida por el canal de Youtube del Poder Judicial
En el juicio interviene la fiscal Fabiana León y la querella de la UIF.
El debate se inició poco antes de las 10.30, casi una hora después de lo previsto, terminó a media tarde y se reanudará el jueves próximo con otra jornada de lectura de la acusación fiscal.
Causa Cuadernos: el juicio
Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el autor de los escritos en los cuadernos, Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.
Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.
La investigación se centró en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales. Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso. El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años.
Desde marzo de 2026 se sumará un día de audiencias en Cuadernos mientras que las declaraciones indagatorias de los acusados comenzarían entre fin de año y de manera posterior a la feria judicial de enero. El Tribunal aún tiene que decidir si también serán virtuales o para esta instancia se habilitará la presencialidad.
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