El sistema previsional pone en jaque el gasto público en Latinoamérica

Columnista EFE

La incertidumbre sobre el futuro de las pensiones tiene contra las cuerdas a los Gobiernos en Latinoamérica por el descontento social que generan las reformas, que son inevitables ante la aceleración del envejecimiento y las tasas de informalidad que hacen insostenibles los sistemas actuales. La preocupación central en el tema previsional es que la población latinoamericana está envejeciendo a pasos agigantados y se estima que en las próximas décadas países como Nicaragua, México y Chile lo harán hasta tres veces más rápido que algunas naciones europeas. Así que, mientras ahora hay cerca de 50 millones de personas de la región con 65 años o más, para 2065 se calculan unos 200 millones, lo que situará los sistemas de jubilación entre los principales gastos del sector público.

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“El problema es que ningún sistema está pensando en ese envejecimiento acelerado. Se necesitan reformas y se están intentando ajustes, pero no se están haciendo lo suficientemente rápido”, advierte Mariano Bosch, especialista principal de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A puertas del llamado “invierno demográfico” y con un estancamiento económico, las manifestaciones a favor y en contra de las reformas de los sistemas de pensiones se han extendido por la región e incluso en Nicaragua este tema fue el detonante de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018. La cuestionada reforma redujo hasta un 30 por ciento los montos de las nuevas pensiones, fue relanzada a comienzos de este año pese a la crisis, lo que aumentó el rechazo de la población.

En el caso de Chile, el cambio del sistema instaurado en la dictadura de Augusto Pinochet, con un esquema privatizado y basado en la capitalización individual, es uno de los mayores reclamos en las protestas que tienen tambaleando el Gobierno de Sebastián Piñera. La población critica que las administradoras de fondos de pensiones invierten en los mercados y obtienen beneficios millonarios, pero no entregan montos dignos a los jubilados.

La misma oposición se vivió ante el “proyecto estrella” del presidente Jair Bolsonaro para reflotar la economía de Brasil. La iniciativa, que acaba de ser aprobada, endureció las reglas, imponiendo una edad mínima de jubilación (62 años para las mujeres y 65 para los hombres), con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.

La situación más dramática se registra en países como Venezuela o Argentina, marcados por la recesión y con tasas de inflación que han hundido el poder adquisitivo.

En Venezuela, por ejemplo, existen 4,5 millones de pensionados y todos perciben mensualmente el equivalente del salario mínimo legal: 150.000 bolívares o 6,9 dólares.

En Argentina, los jubilados están entre los más golpeados por la crisis, con un haber mínimo en octubre de 13.437 pesos (unos 218 dólares), mientras su canasta básica se cifra en más del doble, 37.815 pesos (595,5 dólares).

A esto se añade el descenso de las tasas de cobertura en Paraguay, pese a su importante bono demográfico, o en México (solo 1 de cada 4 adultos mayores recibe una jubilación contributiva), hecho que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha vinculado con la privatización de las pensiones.

Se estima, además, que 80.000 mexicanos alcanzarán la edad de jubilación en 2022, pero 7 de cada 10 no acumularán las 1.250 semanas de cotización necesarias. Una preocupación que se comparte en República Dominicana, donde se requiere una edad mínima de 60 años y haber cotizado prácticamente 30 años.

Bajo esas condiciones, la OIT calcula que más de la mitad de los adultos mayores de América Latina no logra recibir una pensión de un sistema contributivo, por lo que se ven forzados a permanecer en el mercado laboral. Para Bosch, es urgente un ajuste en ese sentido, dado que muchos trabajadores no logran cumplir el tiempo de cotización porque se quedan desempleados en algún momento o deben refugiarse en el trabajo informal, que realizan unos 140 millones de personas en la región.

Gran parte de la región implementa un sistema de reparto, en el que los aportes de los trabajadores financian las pensiones de los jubilados, mientras otros adoptaron un esquema de capitalización individual administrado por el sector privado o uno mixto.

Pero, independientemente del modelo, todos necesitarán algún ajuste o, de lo contrario, las presiones demográficas “harán que los sistemas sean más costosos para el Estado”, apunta el BID.

“Acá hay un llamado a la acción. Entre más se tarden, más duros serán los ajustes”, sentencia Bosch.