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Los fiscales platenses Condomí Alcorta, Marcelo Romero y Damonte estarán al frente del operativo. Temen enfrentamientos con ocupantes y agrupaciones sociales.
De las dos mil familias que participan de la masiva toma de tierras en la localidad de Guernica, menos del 10 por ciento aceptó hasta el momento la propuesta del gobierno provincial de dejar voluntariamente las 100 hectáreas ocupadas y volver a sus lugares de origen. Y mientras los negociadores del Ministerio de Desarrollo intentan contrarreloj lograr más resultados en las próximas horas, en la Justicia bonaerense ya comenzaron a dar forma al operativo de desalojo que, según trascendió, comenzará mañana mismo y movilizará a centenares de efectivos de distintas fuerzas de seguridad.
Este mediodía, el ministro Andrés Larroque mantuvo otra audiencia virtual con el juez de Garantías de Guernica Martín Rizzo, quien lleva adelante la causa y ordenó el "lanzamiento", como se denomina en la jerga judicial al desalojo. El objetivo: mostrar los avances en la complicada negociación que lleva adelante con los ocupantes y conseguir un nuevo aplazamiento para el operativo, que de acuerdo a la última resolución debe hacerse mañana jueves 1º de octubre, el viernes 2 o el lunes 5.
Pero las expectativas de lograr el desalojo voluntario total de la toma son cada vez más lejanas. Hoy, el ministro Larroque dijo que en las últimas 48 horas, 175 familias abandonaron voluntariamente el predio y aceptaron la propuesta de volver a sus lugares de origen a cambio de asistencia para mejorar sus condiciones habitacionales y que la Provincia desista de cualquier acción judicial. La cifra representa menos del 10 por ciento de las cerca de 2 mil familias que participan de la ocupación de las tierras que pertenecen a sociedades anónimas y dueños particulares.
Desde el gobierno bonaerense redoblarán esfuerzos pero ya dejaron saber que se respetará a rajatabla la orden judicial de desalojo. "Hay una orden de la Justicia de desalojar y hay que cumplirla. Queremos que sea con el menor daño colateral posible", sostuvo la ministra de Gobierno, Teresa García, quien forma parte junto a Larroque y el ministro de Justicia Julio Alak del equipo que dispuso Axel Kicillof para intentar destrabar un conflicto que se convirtió en una verdadera olla a presión.
Y en medio de mensajes de advertencia desde organizaciones sociales y partidos de izquierda que tienen presencia en la toma, que ya avisaron que "resistirán" cualquier intento de desalojo, en la Justicia platense se preparan para avanzar con el operativo ordenado por el juez Rizzo. En su fallo, el magistrado afirmó que se deberá realizar el procedimiento “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes” y recurrir “al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.
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En una resolución firmada en las últimas horas, a la que tuvo acceso EL DÍA, el Procurador bonaerense Julio Conte Grand dispuso quiénes serán los fiscales que estarán al frente del operativo para desocupar los lotes. Al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que es el que viene actuando en la causa, se sumará el fiscal platense Marcelo Romero y Lisandro Damonte, titular de la UFI 1 de Cañuelas.
Si bien la resolución de Rizzo habla de tres fechas posibles, el jueves 1º, el viernes 2 o el lunes 5, la idea de los funcionarios judiciales es que el operativo comience a realizarse mañana mismo, para lo que ya trabajan con autoridades del ministerio de Seguridad que dispondrán los efectivos de la Policía que participarán del lanzamiento. Según se estima, a Guernica serán movilizados centenares de agente de distintas fuerzas.
La decisión de no aplazar el operativo obedece a varias razones. En principio, a motivos meteorológicos. El fallo de Rizzo dice que el lanzamiento no podrá cumplirse "con condiciones climáticas adversas". Y los pronósticos hablan de un desmejoramiento del clima hacia el fin de semana.
Pero también hay motivos logísticos. En las últimas horas, las organizaciones de izquierda y los movimientos sociales con presencia en la toma lanzaron advertencias de que resistirán cualquier intento de desalojo. Incluso, amenazaron con cortar y bloquear los caminos de acceso a las tierras, para dificultar el operativo. Y en la Justicia buscan evitar que esos movimientos cobren fuerza.
Si bien las estimaciones en el gobierno bonaerense es que los usurpadores que responden a los grupos más radicalizados asentados en el predio de 100 hectáreas “no superan el veinte o el veinticinco por ciento como máximo” el escenario preocupa, en medio de la cuenta regresiva hacia el "Día D", que llegaría mañana.
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