Escándalo en Formosa por la detención de concejalas

Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, concejalas de la Unión Cívica Radical (UCR) de Formosa, fueron detenidas ayer tras denunciar al gobernador provincial, Gildo Insfrán, por “maltrato” a la gente albergada en los centros de aislamiento. Tras algunas horas y luego de protestas frente a la Comisaría, las liberaron.

Las dirigentes fueron arrestadas cuando participaban de una protesta en un colegio que funciona como lugar de internación para positivos y casos sospechosos de COVID-19.

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El hecho ocurrió en la Escuela N° 18 Fray Mamerto Esquiú, situada en la capital provincial. Allí Neme y Ruiz Díaz encabezaron una protesta por las condiciones de aislamiento y el trato dispensado a quienes cumplen con el protocolo sanitario en el lugar. “Son obligadas a realizar el aislamiento en ese colegio a pesar de haber dado negativo en sus test de coronavirus”, denunciaron.

LA VERSIÓN OFICIAL

Mientras el Gobierno provincial justificó los arrestos argumentando que provocaron disturbios.

La administración de Gildo Insfrán explicó que la edil Neme fue imputada por “intimidación publica y resistencia a la autoridad”.

La dirigente, del bloque “Floro Eleuterio Bogado” del peronismo disidente, tuvo relevancia pública cuando denunció a las personas varadas entre Chaco y Formosa por la pandemia.

Por su parte, el ministro de Gobierno provincial, Jorge González, explicó en conferencia de prensa que en horas del mediodía Neme llamo a la policía para realizar una denuncia “contra el gobernador Insfrán y el ministro de Gobierno, porque según la concejala se incumplen normas sanitarias y de aislamiento”.

Agregó que luego la concejala se encontraba en la escuela 18, adonde se acercaron los efectivos de la policía y entonces la edil “toma una actitud de golpear las ventanas de la escuela y una puerta, generando molestia a las personas que cumplen una medida sanitaria como a los vecinos”.

ADVERTENCIA DE AMNISTÍA

Mientras, Amnistía Internacional (AI) advirtió acerca del “uso desmedido” de las cuarentenas obligatorias en los centros de aislamiento ubicados en la provincia de Formosa, en el norte de Argentina, en el marco de las medidas de contención del coronavirus SARS-CoV-2.

En un comunicado, el organismo de derechos humanos pidió a las autoridades provinciales que sean “respetuosas de los derechos humanos” a la hora de aplicar restricciones. Según las denuncias, dichos centros obligarían a permanecer en su recinto a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso que no tienen coronavirus, “lo cual las expone al contagio”, así como a niños y adolescentes.