Por legislador, la Provincia gasta unos $200 millones al año

En momentos en que algunas figuras ascendentes procuran cuestionar al sistema político argentino y otros, directamente, ponerlo en jaque (un fenómeno que también sucede en otros países de la región), asoma la impresión de que uno de los mecanismos de defensa del mismo debería ser no una ristra de declaraciones rimbombantes de los protagonistas que se sienten aludidos por discursos disruptivos sino actitudes concretas, comportamientos que tiendan a refutar las críticas.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires no parece ir en este sentido. Al contrario.

Sobre el final del 2021, en la madrugada del 29 de diciembre, después de aprobar el presupuesto general de la Provincia para este año, legisladores oficialistas y opositores votaron el cálculo de recursos y gastos para las dos cámaras de la Legislatura. Con un aumento, respecto del período anterior, de casi un 60%. Eso es más que la inflación proyectada por el Gobierno nacional para el 2022.

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Este año, pues, la Legislatura tendrá un presupuesto de 27.900 millones de pesos. De ese número, 16.400 millones corresponden a Diputados y 11.500 millones a Senadores. Entre ambas cámaras reúnen 138 legisladores. Un cálculo rápido, como para sacar un promedio que nunca es literal, arroja que cada legislador “le cuesta” al estado provincial más de 202.173.000 pesos por año. O, lo que es igual, 16.847.750 pesos por mes.

Por cámara

Los números son más contundentes si el promedio se saca por cámara. El Senado, presidido por la vicegobernadora Verónica Magario, tiene 46 bancas. Cada una de ellas, pues, representa algo así como 250 millones de pesos anuales. O más de 20.833.000 por mes. Diputados, a cargo del justicialista Federico Otermín, tiene 92 legisladores. Misma lógica: unos 178 millones de pesos anuales o casi 15 millones mensuales.

Existe un marco legal que solventa estos números. Según la normativa, el presupuesto que se vota a si misma la Legislatura no debe exceder el 1,2 % del total del presupuesto provincial, que para 2022 es de 3,1 billones de pesos. En este caso, el porcentaje votado fue de 0,9 % pero el cuerpo podría ampliarlo durante el año hasta el tope. En verdad, ese porcentaje se ha ido achicando con los años: hace dos décadas era del 2% del total de gastos presupuestados de la Provincia.

Conviene volver a los gestos. Es absurdo presuponer que la Legislatura no debe tener un presupuesto acorde a su importancia. Pero acaso sea uno de esos nichos de la política en donde se puedan realizar recortes concretos, probablemente simbólicos, pero que nutrirían de argumentos a los defensores de la política tradicional, que hoy aparece muy cuestionada por personajes pintorescos como el diputado nacional liberal Javier Milei.

Milei, con su discurso anti “casta”, lanzó la idea de sortear su sueldo de legislador. Se anotaron más de un millón de personas. Es un golpe de efecto para un nicho muy enojado con la política, decepcionado, en un rango etario más bien juvenil. Pero, hilando fino y volviendo a la Provincia, ¿en un cuerpo de 138 legisladores, como la Legislatura bonaerense, es necesario que haya 2.700 empleados, según los números que se blanquearon hace un par de semanas cuando se aprobó el gasto para pagar esos sueldos? Es en esos datos donde encuentra argumentos el discurso “milenista”, que para muchos es superficial y oportunista.

Nadie, de ningún partido, lo dirá en voz alta. Pero la Legislatura bonaerense tiene capas geológicas de empleados, algunos que efectivamente concurren a trabajar a diario y otros que son lo que el ingenio popular denominó como “ñoqui”, que año a año inflan el Presupuesto. No van a cumplir tareas pero cobran.

No es de esta gestión. Es histórico. Cada titular de Diputados o Senadores, antes de irse, suele dejar varios cargos fijos que se conocen como “plata permanente”. No estaban antes que él o ella llegara a la presidencia de las cámaras; pero se quedan luego de que se van. Son favores políticos a propios y extraños, acordados con el gremios de trabajadores legislativos que así ve engrosado el padrón de afiliados.

Hubo intentos de recortes en diferentes gestiones, apenas comenzaban. Incluido cierto escándalo intramuros cuando el macrismo puso el sistema de huellas dactilares para asegurar presencia efectiva. Sarasa. Al cabo de un par de años, esos que se fueron o se jubilaron en plan de recorte fueron reemplazados por nuevos empleados, que responden a referentes políticos del momento que suelen alinearse con la lógica de cofradía críptica que tiene la Legislatura.

“Si entras en planta permanente, y pegás una categoría alta, te asegurás una muy buena jubilación del Estado”, explica un vaqueano de esa cuestiones, que obviamente ruega por anonimato.

Las dietas

Suele apuntarse a las dietas de los legisladores. Que son altas, es verdad. Pero tampoco son millonarias. Se engrosan por el sistema de “módulos”. Se trata de una unidad fija con un precio -un diputado o senador puede disponer, supongamos, de 1.000 módulos- que cada legislador suele repartir entre empleados contratados políticos. En muchos casos, vuelve un porcentaje, dicen las malas lenguas. Eso le da poder de fuego a los referentes de los partidos.

Los legisladores también disponen de becas, ayudas monetarias que suelen darse a instituciones o personas de las ciudades de origen de cada uno. Y subsidios de las Cámaras. Eso les sirve para hacer proselitismo en sus pueblos: una máxima no escrita de la política dice que aquel que es diputado o senador provincial suele proyectarse como intendente de su pago chico. Y como la lógica es circular, una vez logrado eso frecuentemente vuelve a La Plata otra vez como legislador.