Una de las mayores preocupaciones por la inseguridad reinante en la Región, según advierten muchos especialistas, es la reiteración con que aparecen algunas figuras delictivas hasta convertirse en verdaderos flagelos para la sociedad, sin que el poder institucional del Estado, ya sea el policial, el judicial y también el legislativo, atinen con encontrar fórmulas para prevenir y desbaratar a esas olas delictivas.

En la edición de ayer dos noticias policiales dieron -independientes una de la otra- dos ejemplos típicos de esta recurrencia: por un lado, la acción de bandas de menores de muy baja edad, armados y dispuestos a todo -aprovechándose de su impunidad legal- y, por el otro, un nuevo intento de toma de tierras, esta vez en una zona de Gonnet y a tres cuadras de la delegación municipal.

En el caso de los menores, tres de ellos de entre 12 y 14 años de edad, en las últimas horas asaltaron armados un kiosco ubicado en 7 entre 46 y 47, es decir, una de las cuadras céntricas más concurridas, en la que se encuentra la sede central del Banco Provincial y, en la vereda del frente una serie de comercios muy concurridos.

Allí, en las últimas horas de la tarde, ingresaron al kiosco, amenazaron al encargado y se llevaron dinero, figuritas del Mundial y alguna otra mercadería. La violenta escena quedó registrada en una cámara de seguridad.

Con posterioridad, los comerciantes de la zona se unieron en un reclamo ya tradicional: “Mayor presencia policial y trabajar con tranquilidad”.

Por cierto, nadie obvió esta otra realidad: la inimputabilidad penal de los menores que, sin llegan a ser detenidos, a poco de ello ya fueron liberados y vuelven a delinquir.

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El otro caso mencionado fue el de un nuevo intento de usurpación, en este caso de un área de tierras fiscales pertenecientes a la Provincia, ubicadas en el corazón de Gonnet.

Allí se repitió, como calcado este tipo de operativo: llega de pronto un camión con materiales, baja gente, descargan chapas, postes y maderas y comienza la construcción de estructuras en tierras que no les pertenecen.

Ocurrió esta vez en Gonnet pero no dejó de suceder en otros tantos barrios y localidades de la Región.

Debe hablarse sin duda -aunque los organismos del Estado no demuestren conocerlas o, si las conocen, no procuren desarticularlas- de organizaciones mafiosas con contactos políticos, que se ocupan de robar tierras, para después diagramar lotes ínfimos y venderlos a precios comparativamente bajos.

Los delincuentes a cargo de esta operación ganan fortunas y dejan como legado barrios precarios, carentes de mínimos servicios públicos, lugares conflictivos e incidentes con los vecinos asentados desde hace muchos años. Sometida a esos permanentes despojos territoriales, ninguna ciudad puede crecer en forma armoniosa y justa.

Las usurpaciones dejan además, como ocurre con la megatoma de Los Hornos, problemas urbanísticos insolubles y, sobre todo, la sensación de que existe un Estado incapaz de poner orden sobre una sociedad que lo único que pide es vivir en paz, bajo el imperio de las ley y de la seguridad jurídica.

Se ha dicho que estos tipos de delitos -como los que protagonizan también los motochorros- tienen un modus operandi casi idéntico, por lo cual los poderes del Estado -si así lo quisieran- no debieran mostrarse incapacitados como para prevenirlos y reprimirlos de una buena vez. Sin quebrantar ningún cuadro normativo, sólo ajustando algunas normas procesales, el Estado está en perfectas condiciones de cumplir con esas acciones.