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Aunque las últimas cifras difundidas por la Corte Suprema muestran una baja en este tipo de delitos y se reconocen avances en la prevención, persisten los cuestionamientos, dirigidos, sobre todo, a la respuesta de la justicia
Los primeros indicios de los que más tarde hablaron los vecinos ocurrieron durante la noche. Fue entonces cuando escucharon gritos en la casa donde funcionaba un almacén, en ese barrio de casas bajas de la localidad bonaerense de San Miguel. Más tarde tuvo lugar una nueva pelea y el desenlace trágico. Una mujer de 63 años muerta y su esposo detenido, herido con un arma blanca, según creen los investigadores del caso, después de tratar de suicidarse.
Es el último femicidio que registra la crónica policial y que ocurrió el último viernes al mediodía, poco antes de que miles de personas salieran a las calles de todo el país para reclamar por séptimo año consecutivo el fin de la violencia contra las mujeres en el marco de una nueva edición de la marcha Ni Una Menos.
Un reclamo que tuvo por escenario a un país donde hay un femicidio cada 35 horas, según los datos del último informe de la Oficina de la Mujer (OM) de la de Corte Suprema de Justicia correspondiente al año 2021.
El trabajo, difundido el último miércoles, indica que durante ese año hubo 251 femicidios, a un promedio de uno cada 35 horas, un 13 por ciento menos a los casos registrados en 2020; mientras la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) reportó que en ese período atendió 8.741 denuncias por violencia doméstica, un 18% más que en 2020, y recibió 7.339 consultas, un 36% más que el año anterior.
Paralelamente, en la Provincia de Buenos Aires, siempre según el mismo informe, el número de femicidios caía de 94 a 73 en el mismo lapso.
Dicho relevamiento se realiza desde el 2015, teniendo como base a las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género y aporta las cifras oficiales que se utilizan como referencia para la elaboración de políticas públicas.
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Además de este informe oficial, existen estadísticas elaboradas por distintas organizaciones feministas (como por ejemplo La Casa del Encuentro, Ahora que Así Nos Ven, Mumalá y el Observatorio Lucía Pérez) que realizan relevamientos mensuales sobre femicidios y que obtienen la información básicamente por publicaciones periodísticas.
Las cifras del relevamiento de la Corte reflejan una disminución en la cantidad de víctimas de femicidio en comparación con el 2020, año en el que hubo 287 femicidios, entre los que se incluyen 36 vinculados y 6 trans-travesticidios.
Según la estadística de la Corte, durante el 2021, se registraron 231 femicidios directos, los cuales provocaron que 245 personas quedaran huérfanas -182 son niños, niñas o adolescentes-, mientras que el 62 por ciento (152 casos) de los asesinatos fueron perpetrados por la pareja o expareja de la víctima.
Si bien esas cifras muestran un retroceso en el número de femicidios con relación al 2020, el primero que se detecta desde que empezaron los registros, desde el movimiento de mujeres se habla de una situación que sigue siendo preocupante y donde se reiteran año a año los mismos reclamos. El principal, dirigido a la justicia, a la que se le pide una respuesta más eficaz y con perspectiva de género.
Por caso, desde el observatorio de violencias de género “Ahora Que Sí Nos Ven” se afirma que la situación empeoró este año. Su último relevamiento alerta que desde el 1 de enero hasta el 25 de mayo de este 2022 se registraron 119 femicidios. La cifra representa un asesinato cada 29 horas.
“Estos informes de la Corte siempre son mirados de reojo y con desconfianza por el movimiento de mujeres, porque sabemos que son realizados por un poder judicial absolutamente patriarcal. Entonces, mientras tengamos una justicia sin perspectiva de género, los informes, la verdad es que nos generan desconfianza”, dice Flavia Centurión, abogada platense y presidente de la entidad las Mirabal, quien agrega “necesitamos despatriarcalizar la justicia para obtener datos certeros”.
Marcela Morera, que es integrante de la ONG Familiares Atravesados por el Femicidio, consideró, por su parte, que “si bien ha habido algunas mejoras no son sustanciales. Sentimos que reclamamos lo mismo una y otra vez. Nuestros pedidos no cambian”, aseguró.
Esos pedidos se refieren a los problemas con los que tropiezan las mujeres que son víctimas de violencia de género a la hora de hacer las denuncias y al momento de pedir soluciones a nivel judicial.
“Todo es tan engorroso que las víctimas terminan desistiendo y volviendo con sus agresores con el terrible peligro a que se las expone y las consecuencias que ya conocemos”, consideró Morera.
Para los familiares atravesados por esta tragedia no solo se carga con el dolor, sino también con la tarea de obtener justicia muchas veces sin patrocinio al no contar con los recursos para contratar un abogado penalista, cuando conseguir uno gratuito se convierte en una tarea casi imposible a pesar de lo dispuesto por la ley 26.485.
La búsqueda de una reparación económica para los huérfanos de la violencia intrafamiliar se suma a la lista de reclamos de los familiares.
Desde el movimiento de mujeres se desgrana una larga lista de cuestiones pendientes en materia de prevención del femicidio y se apunta a sobre todo a una respuesta de la justicia que se considera ineficaz.
“Las deudas son muchísimas. Nos falta un montón. Si bien se logró avanzar con la apertura del Ministerio de la Mujer, se han implementado programas y se han puesto en marcha algunas leyes como los equipos técnicos especializados en violencia de género, la verdad que todavía falta un montón. Y sobre todo en la Ciudad de La Plata que es la Ciudad de la Provincia de Buenos Aires con más femicidios”, dice Flavia Centurión, desde Las Mirabal.
En la Provincia de Buenos Aires, por caso, donde según el informe de la Corte Suprema, el número de femicidios se redujo de 94 a 73 entre 2020 y 2021, se implementaron alrededor de 15 programas para eliminar la violencia de género desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que abarcan desde la contención de las mujeres y LGTBI+ en situación de violencia de género al fortalecimiento de la línea telefónica de denuncias (144) y el monitoreo de los agresores a través de dispositivos electrónicos, entre otros.
Con todo y a pesar de esos avances, los cuestionamientos vuelven a la respuesta de la justicia.
“Uno de los datos que surgen de las estadísticas es que más del 60% de las mujeres asesinadas lo fueron por sus parejas y ex parejas y son mujeres que sufren violencia desde hace mucho tiempo y que no encontraron respuesta en la justicia”, dice Centurión.
Equipos interdisciplinarios, patrocinio letrado especializado, acceso inmediato a la justicia y supervisión y control de las medidas de protección, que en la mayoría de los casos no funcionan porque son sistemáticamente violadas o desobedecidas por los agresores, son otros de los aspectos que requieren atención urgente según destaca Centurión.
Para la dirigente, el aspecto económico es otro factor a tener en cuenta en el caso de las mujeres víctimas de violencia.
“La crisis económica que sufren las mujeres, y que las impacta más que a los varones, las pone en situación de vulnerabilidad, sobre todo si están sufriendo situaciones de violencia”, dice la presidente de Las Mirabal.
“A la mujer que está en situación de violencia y no tiene autonomía económica le va a ser mucho más difícil salir de ese círculo de violencia que otra que tiene los recursos. Entonces, si bien hay programas de ayuda económica, se necesita más presupuesto para que esos programas se multipliquen”, dijo la dirigente.
También plantea la necesidad de que haya más comisarías de la mujer con personal adecuado y respuestas inmediatas y eficaces, “que a veces hace la diferencia entre la vida y la muerte”.
En tanto, según las estadísticas que elaboran distintas organizaciones feministas y que también se dieron a conocer en la última semana cerca de 2 mil mujeres fueron víctimas de femicidios en todo el país desde la aparición del movimiento “Ni Una Menos”, hace siete años,
Las cifras pertenecen a MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana, al Observatorio Lucía Pérez y a La Casa del Encuentro, que elaboraron informes especiales que aglutinan sus datos desde el 3 de junio del 2015 -día de la primera marcha del “Ni Una Menos”.
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