Una propuesta desde la desesperación en Venezuela

Familiares y abogados de venezolanos considerados presos políticos promueven la idea de un “canje humanitario” para lograr que estos sean excarcelados a cambio de algunas concesiones, todavía sin definir, a favor del Gobierno, una opción que reconocen como “desesperada”, luego de años sin avances en estos casos.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia lanzó esta idea, respaldada por los familiares de las decenas de clientes que representan en los tribunales y que forman parte del universo de 292 “presos políticos” que siguen tras las rejas en Venezuela, a la espera de juicios que nunca concluyen, mientras aseguran ser inocentes.

Por ello, abogados y familiares creen que una forma de “destrabar” la crisis en el país, o generar confianza para que los procesos de diálogo y negociación prosperen, es dar una solución política a una situación jurídica como el encarcelamiento de estas personas, a quienes la llamada revolución bolivariana señala de conspiradores, terroristas o traidores a la patria.

PUNTO MUERTO

La directora de la coalición, Ana Leonor Acosta, explicó que esta propuesta busca ayudar a todas las personas que, según sus registros, están detenidas por razones políticas, entre ellos 174 militares y 13 sindicalistas.

“Llegamos a una situación, a un punto muerto, en el que los juicios no avanzan. Por eso nosotros estamos hablando de un canje humanitario, estamos hablando de que se liberen los presos políticos y que esto sea por razones humanitarias, a cambio de otras liberaciones u otras situaciones que considere el Gobierno”, sostuvo.

La abogada remarcó que no serán los que proponen el canje quienes les digan al Ejecutivo de Nicolás Maduro qué pedir a cambio de la libertad de los “presos políticos”, pues se trata de “reconocer cuáles son las peticiones” del otro y asumirlas “con respeto”.

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Sin embargo, ya hay ideas rondando, como el caso del empresario colombiano Alex Saab, preso en Estados Unidos por conspiración para lavado de dinero, a quien el Gobierno venezolano reclama como un diplomático y por quien ha hecho todos los esfuerzos para conseguir su liberación. La coalición sabe que el chavismo quiere liberar a Saab y que también busca apoyos para pedir el levantamiento de sanciones económicas, ideas que no descartan los propulsores del canje y que, explica Acosta, pueden materializarse a través de acuerdos en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición.

Y aunque los solicitantes no tienen autoridad ni poder para liberar a alguien preso en otro país, o para levantar unas sanciones, están dispuestos a apoyar la petición del Gobierno, algo que, en todo caso, no garantizaría que EE UU cediera.

Yorbelis Oropeza, esposa del sindicalista Alcides Bracho, condenado este mes a 16 años de cárcel por conspiración, apoya el canje, pues cree que una negociación puede resolver este asunto, por lo que llama al presidente Nicolás Maduro a “sentarse con las familias” y a “escuchar a las víctimas” “lejos de cualquier cuestión política”.

“Es una medida desesperada. Solo el que vive la situación de un preso político sabe lo que es tener un preso... los que vivimos esta situación queremos una solución inmediata porque el sufrimiento es constante, nosotros los familiares también estamos presos, vivimos, actuamos, dormimos, todo en función del preso”, sostuvo.

Oropeza, que denuncia que su esposo ha sido víctima de tratos crueles e inhumanos en prisión, entiende que el canje “puede ser incómodo” para algunas personas, pero insiste en que para los familiares de los detenidos se trata de una “solución necesaria” para poner fin al “desgaste emocional” que supone lidiar con estos casos.

Acosta ratifica que es urgente canjear a estos prisioneros, sobre todo al considerar que hay 20 “con situaciones graves de salud que no han sido atendidas”.

“Cada día que pasa un preso político en una cárcel es un día menos para su salud y para su vida. Tal vez el tema de los presos políticos afecta a un grupo menor, pero no menos importante, y que tiene que ver con la Justicia y el estado de derecho en Venezuela”, concluye. (EFE)