Tras la denuncia por supuesto "lavado de activos", Díaz Gilligan renunció a su cargo en el Gobierno

El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó hoy su renuncia "indeclinable" al cargo tras el escándalo que desató la investigación del diario El País de España, en la que se difundió que el funcionario no había declarado ser parte de una sociedad radicada en el Reino Unido, con una cuenta de 1,2 millones de dólares en la banca de Andorra.

En su último acto de gestión, el funcionario dejó una carta dirigida al Presidente Mauricio Macri, en la que además de presentarle su renuncia "indeclinable", le agradeció especialmente haber sido parte "del equipo que genere el verdadero cambio en el país", y lo mismo hizo con todos los integrantes del Gobierno, de quienes dijo haber recibido "en todo momento un apoyo incondicional".

"No creo necesario permanecer", sostuvo al justificar su salida del Gobierno, en medio de "un debate mediático" por actividades que "realicé en la actividad privada", escribió.

Diaz Gilligan renunció horas después de que los propios aliados políticos de Cambiemos pidieran su "separación del cargo" hasta tanto se esclareciera el caso, y que presentara su renuncia al secretario general de la presidencia Fernando de Andreis, según confirmaron fuentes gubernamentales a Télam.

La decisión llegó el mismo día en que el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade lo denunció ante la Justicia federal por presunto lavado de activos y solicitó que se lo investigara por supuesta "omisión maliciosa" por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos.

La dimisión ocurrió horas después de que desde el massista Frente Renovador pidieran que en el caso actuara un fiscal y no la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

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Fue la presidenta del bloque de diputados del FR, Graciela Camaño, quien dio a conocer la postura de ese espacio, al señalar que se está "en presencia de la posible comisión de un delito".

"Debe actuar un fiscal, no Laura Alonso. Basta de circo para evadir los temas de corrupción que los involucran. ¿Cambiemos?", cuestionó la diputada.

En tanto, Alonso buscó aclarar la postura de la Oficina Anticorrupción frente al caso mediante la publicación de un mensaje en las redes sociales.

"El viernes, la #OficinaAnticorrupción notificó electrónicamente al funcionario Díaz Gilligan del pedido de aclaraciones. Según la ley de procedimientos administrativos, tiene 10 días hábiles para responder", tuiteó hoy Alonso.

El mensaje apareció tras las declaraciones del secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez, quien hoy dijo que lo que importa al Gobierno "es la investigación que lleve adelante la Oficina Anticorrupción", y que el funcionario cuestionado "presente inmediatamente todas las pruebas que tenga a su disposición".

"Lo que es trascendente a los fines de esta investigación es que la oficina encargada de hacer la investigación tenga todo el respaldo del Gobierno y hoy lo tiene", afirmó Sánchez, ante una consulta de la agencia Télam.

En ese contexto, y antes de conocida la renuncia, desde a Oficina Anticorrupción aclararon a Télam que se "solicitó acceder a los anexos reservados de su declaración jurada, y requerirá información a organismos públicos y privados, a fin de reunir toda la información oficial sobre el tema".

El equipo técnico de la OA debe analizar toda la documentación disponible para entonces poder verificar "que las conductas se hayan ajustado a lo previsto en la legislación vigente", habían explicado desde el organismo.

"Como resultado de ese análisis, se puede solicitar al funcionario la rectificación de sus declaraciones juradas y, en caso que corresponda, realizar la denuncia judicial", habían precisado desde la OA.

"En aquellos casos en que ya exista causa judicial, la OA aporta toda la documentación y sus conclusiones a la Justicia", informaron.
"Una vez finalizada la investigación, la OA notificará al funcionario y procederá a publicar sus resultados", sentenciaron las fuentes antes de que renunciara Díaz Gilligan.

La denuncia del diputado kirchnerista Tailhade, que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, tendrá como fiscal a Alejandra Mangano. 

"Díaz Gilligan, mínimamente habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad", remarcó Tailhade en la denuncia a la que accedió esta agencia. 

"Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País", sostuvo el denunciante, tras citar la nota completa publicada el fin de semana por el periódico de España.

El cuestionado funcionario había intentado defenderse esta mañana aclarando que "no hay fondos públicos involucrados" en la cuenta oculta a su nombre en un banco de Andorra.

"Ni gané un centavo con esa plata. Ese monto es el que estuvo depositado en la caja en algún momento, pero lo que no se dijo es que, en aquel momento, los gastos y las deudas de la sociedad equivalían más o menos el mismo monto. El patrimonio inicial de la sociedad era de 10.000 libras (esterlinas)", dijo esta mañana Diaz Gillian.

Durante su intento de defensa el número ahora ex subsecretario dijo que su rol en la sociedad del empresario vinculado al fútbol Francisco "Paco" Casal, acusado en distintas causas, "era de búsqueda de esponsoreo deportivo. En las ventas (de jugadores), estaban Casal y el Tano (Nelson) Gutiérrez". 

"A principios de 2013, cuando veía que podía ingresar a la función pública, le dije a Paco (Casal): "yo salgo"", expresó, al intentar explicar por qué no declaró la cuenta en un banco de Andorra cuando ingresó al gobierno porteño. 

Al respecto, Díaz Gilligan adujo que la cesión "tardó en materializarse unos meses, y en el medio comencé a ser funcionario. No hubo intención de ocultar nada, no era dinero mío, ni había ganado nada con eso".

"Todo lo hice en la actividad privada antes de ingresar en la actividad pública", se defendió Gilligan al explicar que sus bienes se encuentran publicados en su declaración jurada de 2016, ante la Oficina Anticorrupción.

Allí declaró bienes como un auto Toyota modelo 2012, una chacra en Pueblo Edén -un "paraíso sin luz ni agua" a 45 kilómetros de Punta del Este- y unos 300.000 dólares de patrimonio en efectivo.