El kirchnerismo acuerda cambios en el proyecto de ley para gestionar la pandemia

El bloque de senadores del Frente de Todos acordó ayer introducirle modificaciones al proyecto de ley del Gobierno para gestionar las restricciones de la pandemia. Una medida que Juntos por el Cambio rechaza y que el oficialismo empuja para tratar el jueves en una sesión especial en la Cámara Alta.

Los cambios impulsados por los legisladores kirchneristas fueron enviados a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, en lo que se interpretó como un mensaje directo a la Casa Rosada para que acepte variaciones a los “parámetros objetivos” planteados en el texto.

Fuentes de la bancada oficialista que responde a Cristina Kirchner afirmaron que los temas que cambiarán respecto del documento que inicialmente envió el Poder Ejecutivo son básicamente dos: la suspensión de clases y la incorporación de un plazo legal para la finalización de las restricciones.

Esos cambios habían sido adelantados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez durante el plenario de comisiones que se llevó a cabo la semana pasada y que finalizó con la firma del dictamen.

Allí, el abogado había sugerido modificar el artículo 21 del proyecto, que hace mención a la suspensión de la actividad escolar cuando un distrito se encuentre en “situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”.

La redacción original establece que, en esos casos, se suspenden las clases y que, luego, el Poder Ejecutivo podrá discutir con los gobernadores afectados una “morigeración” de la medida.

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La sugerencia es invertir la situación y que cualquier medida restrictiva deba ser consensuada con los responsables distritales, previamente.

El oficialismo pretende, de ese modo, esquivar el alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin aval la decisión del Gobierno nacional de ordenar la suspensión de clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires.

Otro de los puntos que presentó dudas desde el punto de vista constitucional fue el artículo 33, el anteúltimo del proyecto, que establece que la ley entrará en vigencia el sábado 22 de mayo y regirá “mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la Covid-19”.

El borrador que se le alcanzó al Poder Ejecutivo modifica esa redacción y le incorpora un “plazo cierto” hasta el 31 de diciembre de este año.

También se eliminaría del proyecto la mención a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño como “delegados” del Ejecutivo nacional y se los considerará como “agentes del Gobierno federal”.

Por otro lado, se descartó la propuesta opositora de incluir un artículo que permitiría a las provincias “adherir” a la ley, en lugar de que estén obligadas a acatarla. En cambio, el oficialismo tachó esa idea como una “locura”, porque dejaba en la cabeza de las provincias la toma o no de decisiones.

Como se dijo, el Gobierno espera que el proyecto se trate el jueves en el Senado y luego avance para su sanción final en Diputados. Allí, el Frente de Todos choca con resistencias opositoras que cuestionan la constitucionalidad de la iniciativa y el avance sobre facultades provinciales.

El oficialismo pretende esquivar el alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El Gobierno espera que el proyecto se trate el jueves en el Senado