Denunciaron una “toma ilegal” y la pérdida de documentación contable

Entre la noche del 3 y 4 de noviembre pasado, según denunciaron desde la empresa de transporte público de pasajeros 9 de Julio SAT, en La Plata se produjo una “toma ilegal” de la sede de la compañía, en la cual, siempre a decir de esa presentación, un grupo de personas se habría apoderado de documentación esencial y distintos elementos de valor, que complejizan el desarrollo de la operatoria y de servicios futuros.

Por eso a través del abogado penalista Marcelo Peña es que se hizo una petición de allanamientos e imputaciones penales ante la titular de la UFI Nº 17 María Eugenia Di Lorenzo.

Quienes supuestamente cometieron esas irregularidades -dijeron- serían representantes de una firma del rubro, que tendría una posición dominante en el mercado.

Al parecer, la intromisión se dio en el contexto de una licitación para la cual, sin esos papeles, no estarían dadas las condiciones para que la empresa 9 de Julio pueda competir en la compulsa de precios ante la ausencia de variada documentación, que integraría los requisitos formales de admisión.

Uno de los apuntados, incluso, estaría vinculado a la causa conocida públicamente como “la banda de los jueces”, cuya participación en los hechos es señalada como particularmente grave por el entramado de relaciones con funcionarios de todos los niveles.

La denuncia sostiene que esta irrupción no fue casual y que “debe analizarse en el contexto de una maniobra de interferencia empresarial, destinada a debilitar a un competidor directo en el marco del proceso licitatorio, favoreciendo la consolidación de un esquema de concentración económica en el transporte platense”, se advirtió.

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Lejos de tratarse de una disputa privada, el caso comenzaría a perfilarse como un escándalo de alto impacto, indicaron.

Entre las medidas peticionadas por Peña, tomó relevancia “el secuestro y pericias informáticas de DVR, computadoras y teléfonos y hasta la recuperación forense de archivos borrados”.