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Intentó coimear a un paramilitar preso para evitar ser vinculado a estos escuadrones ilegales que combatían a la guerrilla
El expresidente Álvaro Uribe sale de la corte tras una audiencia en el juicio en su contra, en febrero pasado en bogotá / Archivo AP
El expresidente Álvaro Uribe fue hallado culpable ayer de intentar sobornar a un paramilitar para evitar que lo vinculara con estos escuadrones de ultraderecha que enfrentaban a guerrillas en Colombia.
Es el primer juicio a un expresidente en Colombia, acusado de tratar de persuadir a paramilitares para que mintieran a su favor.
El soborno “ha quedado acreditado”, afirmó la jueza Sandra Heredia, responsable del caso. Uribe participó en la audiencia de forma virtual mientras negaba con la cabeza. La decisión en primera instancia puede ser apelada.
El expresidente, que según la jueza también cometió fraude procesal, se expone a una pena de hasta 12 años de prisión. Afuera del tribunal, seguidores del exmandatario usaron máscaras con su rostro y gritaron “Uribe inocente”.
El largo proceso judicial se inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador izquierdista Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, denunciándolo de buscar a presos para que lo acusaran de tener nexos con los paramilitares de ultraderecha que combatieron a las organizaciones guerrilleras.
En un inesperado giro, en 2018 el tribunal cambió el rumbo de la investigación al sospechar que había sido Uribe, entonces congresista, quien intentó sobornarlos para que cambiaran sus versiones y los despegaran de cualquier lazo con los escuadrones antiguerrilla.
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Tras múltiples maniobras judiciales, Uribe renunció al Senado en 2020, perdió sus fueros y el caso pasó a la justicia ordinaria.
La declaración de culpabilidad del político colombiano más influyente del siglo, muy popular por su mano dura contra las guerrillas, asesta un duro golpe a la derecha conservadora de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
El partido que lidera, el Centro Democrático, es el principal movimiento opositor al mandatario de izquierda Gustavo Petro.
El expresidente defiende su inocencia y manifestó que se trataba de un juicio político motivado por un deseo de “venganza” de la izquierda, de la extinta guerrilla FARC y del exmandatario Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo que desarmó a los rebeldes en 2017.
La decisión significó una bofetada para Uribe, quien fue el primer presidente reelegido de la historia moderna del país y tras dejar el poder conservó tal nivel de popularidad que apadrinó a sus dos sucesores.
Monsalve, principal testigo del caso, participó del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, en Antioquia, que pertenecía a la familia de Uribe.
En su comparecencia ante la justicia, testificó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas los hermanos Uribe Vélez. Según su declaración, en esa hacienda se planificaron matanzas que luego cometieron los escuadrones paramilitares, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado.
El expresidente comenzó a ser investigado en 2018. En 2020 fue detenido en prisión domicilia y renunció al Senado.
El caso pasó a ser investigado por la fiscalía aliada de la derecha, que logró su libertad y pidió en varias ocasiones que el caso fuera archivado.
Sin embargo en 2024, tras la llegada de una fiscal general designada por Petro, el ente acusador llamó a Uribe a un juicio en el que declararon más de 90 testigos.
“La conciencia me dice: he dicho la verdad”, expresó Uribe en los alegatos finales.
En su testimonio, Monsalve contó que uno de los abogados de Uribe, Diego Cadena, lo presionaba en visitas a la cárcel para que cambiara su versión e intentó sobornarlo. El jurista enfrenta su propio juicio.
“Nunca hice directamente ni a través del doctor Cadena ofertas, menos para mentir”, aseguró Uribe durante el juicio, que fue transmitido en vivo por medios de comunicación.
Las principales pruebas fueron una reunión del abogado de Uribe con Monsalve, que este exparamilitar grabó con una cámara instalada en un “reloj espía”, según la jueza, así como interceptaciones telefónicas al expresidente que la defensa siempre consideró ilegales.
Quedó acreditado el delito de soborno para ocultar los lazos de Uribe con los paramilitares
El reloj le fue entregado a Monsalve por su pareja de entonces, Deyanira Gómez, con el fin de grabar en secreto las conversaciones con Cadena.
La jueza señaló que el hecho de ocultar esa información al interlocutor “no debe entenderse como una actuación indebida o delictiva”.
“El debate probatorio no recae exclusivamente en las grabaciones magnetofónicas allegadas a juicio, sin embargo, se verificó la legalidad de estas, dilucidando los aspectos relacionados con la obtención para lo cual no se acudió a ellas por métodos ilícitos (…) estas videograbaciones tampoco fueron obtenidas violando el derecho a la intimidad ni se realizaron de mala fe”, manifestó la jueza.
Uribe es defendido y criticado en igual medida por su guerra contra la insurgencia, en medio de fuertes cuestionamientos por supuestos abusos a los derechos humanos durante su gobierno.
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