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La Provincia concentra la mayor población y un tercio de la economía, pero el régimen vigente la deja en el fondo del ranking per cápita. Por qué los bonaerenses reciben un 40% menos en fondos de lo que correspondería a su peso poblacional
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Buenos Aires es, sin discusión, el corazón demográfico y económico de la Argentina. Aquí viven 17 millones de personas —casi cuatro de cada diez argentinos— y se produce alrededor de un tercio del PBI nacional (32,5%). Además, la Provincia concentra:
• El 36% de la matrícula escolar nacional.
• La red hospitalaria más grande del país, que atiende tanto a bonaerenses como a miles de ciudadanos de provincias vecinas.
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• El cordón industrial más importante, con polos automotrices, petroquímicos, alimentarios y textiles.
• El Conurbano bonaerense, un conglomerado urbano que solo en su primera corona reúne más habitantes que varias provincias juntas.
Sin embargo, cuando se mira el reparto de recursos nacionales, la foto se invierte: la Provincia más grande aparece como la más castigada.
En julio de 2025, la Provincia recibió $1,155 billones en transferencias automáticas. El número, aunque parece abultado, representa solo 22,89% de la coparticipación nacional. Si el reparto respetara su peso poblacional, debería acercarse al 38%.
El resultado se ve en los montos por habitante:
• Buenos Aires: $65.935 per cápita.
• Promedio nacional: $171.571.
• Tierra del Fuego: $314.171.
• Catamarca: $298.646.
• Formosa: $286.165.
Un bonaerense recibe 62% menos que el promedio del país y hasta cuatro veces menos que un fueguino.
La explicación de esta desigualdad no está en la coyuntura, sino en la historia. La Ley 23.548 de 1988 fijó coeficientes rígidos para cada provincia, pensados para un mapa demográfico y productivo que ya no existe. A Buenos Aires le asignó un 19,93% de la masa más un pequeño “recupero relativo” del 1,5701%.
Con el paso de los años, y los ajustes al esquema, el coeficiente efectivo bonaerense quedó en apenas 12,46% de la masa secundaria, equivalente a 21,7% del total de provincias. Todo esto mientras su población y su economía crecían a un ritmo que duplicaba al de muchas jurisdicciones del interior.
Los defensores del statu quo suelen señalar que Buenos Aires “es la que más recibe en números absolutos”. Y es cierto: supera largamente a Santa Fe ($431.292 millones en julio) y a Córdoba ($419.982 millones). Pero esa foto es engañosa. Con 17 millones de habitantes, la plata se diluye, y lo que parece mucho se convierte en poco.
Un ejemplo: La Rioja recibió $280.877 por persona en julio, es decir, más de cuatro veces lo que recibe un bonaerense. Y sin embargo, La Rioja tiene una población equivalente a un municipio mediano del conurbano como Florencio Varela o José C. Paz.
El Conurbano bonaerense concentra más de 11 millones de habitantes en apenas 13.000 km². Esa densidad poblacional demanda más escuelas, más policías, más hospitales, más colectivos y trenes. Ninguna otra provincia enfrenta semejante presión sobre sus servicios públicos.
Sin embargo, Buenos Aires debe financiar esa estructura con menos recursos nacionales por habitante que cualquier otra provincia, salvo la Ciudad de Buenos Aires. El resultado es visible en la vida cotidiana:
• Escuelas con aulas de 40 alumnos.
• Hospitales provinciales desbordados que atienden no solo a bonaerenses, sino a pacientes de todo el país.
• Barrios populares donde el Estado provincial debe invertir en urbanización y seguridad sin contar con fondos proporcionales a la magnitud del desafío.
El desbalance se refleja también en la dependencia fiscal. Mientras provincias como Formosa (91,9%), Santiago del Estero (88,8%) o Chaco (84,3%) dependen casi exclusivamente de la Nación, Buenos Aires se sostiene en gran parte con su propia recaudación. Solo el 46% de su presupuesto proviene de transferencias nacionales.
Esto significa que los bonaerenses pagan más impuestos provinciales y municipales para compensar lo que no llega de la Nación. Y aun así, los recursos no alcanzan para cubrir las demandas sociales de semejante población.
Desde Antonio Cafiero en los 80 hasta Axel Kicillof en la actualidad, todos los gobernadores bonaerenses reclamaron una actualización de la coparticipación. La respuesta siempre fue la misma: para modificar la ley se necesita el acuerdo de todas las provincias, y ninguna está dispuesta a ceder un punto de su coeficiente.
Así, Buenos Aires quedó atrapada en un esquema que la castiga sistemáticamente. La política nacional, consciente del problema, evita abrir el debate por miedo a una guerra entre gobernadores.
La Ciudad de Buenos Aires, con un esquema diferenciado, participa con apenas 1,40% de la masa coparticipable. Desde 2020 recibe además un 2,95% por una cautelar destinada a financiar la seguridad, que se paga con el Presupuesto Nacional. Con un per cápita de $35.333, su caso es distinto, pero no cambia la foto general: Buenos Aires sigue siendo la más perjudicada entre las provincias.
La coparticipación nació para equilibrar territorios. Hoy, sin embargo, se transformó en un federalismo invertido:
• Las provincias más chicas reciben mucho más por persona.
• La más grande y demandante queda al final de la fila.
El resultado es una inequidad estructural: Buenos Aires sostiene al país con su producción y sus impuestos, pero recibe las sobras de un sistema congelado en el tiempo.
La discriminación contra Buenos Aires no es un slogan político: está escrita en números oficiales. Con casi 4 de cada 10 argentinos, la provincia recibe solo 2 de cada 10 pesos de la Nación. Con un tercio de la economía, se queda con apenas un quinto de la coparticipación. Con el conurbano más grande y más complejo, financia la educación, la salud y la seguridad con la mitad de los recursos que recibe cualquier otra provincia por habitante.
Un esquema así no solo es injusto: es insostenible. Mientras no se reforme, los bonaerenses seguirán pagando más, recibiendo menos y cargando sobre sus espaldas un país entero.
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