Dos episodios auspiciosos le dan significación especial al traspaso del mando de las autoridades nacionales que ocurrirá hoy. En primer lugar debe mencionarse el hecho de que el mandatario saliente, Mauricio Macri, se convierte así, por primera vez en más de ocho décadas de vida institucional del país, en el primer presidente no peronista que completa su mandato.

El otro punto saliente de este período de transición tiene que ver con el encuentro de Macri y el presidente electo Alberto Fernández, que participaron juntos de una misa al aire libre por “la unidad y la paz” convocada en Luján por la Iglesia Católica. Tal como se señaló, ambos adversarios políticos se sentaron uno al lado del otro en el servicio religioso y se abrazaron al final, acompañados por sus familias y muchos dirigentes de sus respectivas agrupaciones. Los gestos de convivencia resultaron inusuales y autorizan a confiar en que se prolonguen.

Está claro que al nuevo oficialismo -y también, por cierto, a la oposición- les espera el desafío de poner en acción políticas que permitan derrotar a la pobreza, reactivar a la industria, al agro y a los demás sectores productivos, para crear así fuentes de trabajo y poner en movimiento los resortes más pujantes de la economía nacional, castigada por crisis endémicas de diversa naturaleza y, básicamente, por errores propios cometidos en forma recurrente por la dirigencia argentina.

La nueva y principal oposición protagonizada ahora por Juntos por el Cambio debe cumplir con sus reiteradas promesas de que no pondrá palos en la rueda y de que acompañará aquellas medidas del nuevo gobierno nacional que le resulten positivas para el mejor desarrollo, sin por ello perder de vista su rol de contralor político del oficialismo.

Por su parte, la gestión que hoy inicia el presidente Fernández también debe velar por una mayor transparencia administrativa, por la independencia del Poder Judicial, por la irrestricta libertad de prensa y por la mejor suerte de algunos organismos públicos, imprescindibles para garantizar una sana administración.

La Argentina necesita seguir abierta al mundo, reconocida como nación confiable y atractiva para realizar inversiones en ella. Esto implica, entre otras condiciones, afianzar el principio de seguridad jurídica, sin cuya existencia el país perderá mercados y podrá quedar más aislado.

En buena hora, entonces, esta confirmación de una nueva instancia democrática en la Argentina. Es mucho y bueno lo que puede hacerse a partir de ahora en favor de millones de personas, necesitadas de trabajo, de salarios justos, de viviendas, de sistemas de salud accesibles y de una educación pública más eficaz y actualizada, entre otras conquistas hoy postergadas. Es de esperar, entonces, que la dirigencia que retiene la representación popular se sume, con madurez y sin rencores ni prejuicios, a la tarea común.